Valeria Reyes sobre PL de Jorge Montoya: “Hay una obsesión con el sistema interamericano que revela ignorancia”

Valeria Reyes es profesora de la Facultad de Derecho de la PUCP y ha trabajado como consultora externa de la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones de esta índole en Suiza, Estados Unidos y Perú. Es especialista en temas de justicia internacional aplicable a casos de graves de violaciones a los DD. HH. La República conversó con ella y comentó el proyecto de ley que Jorge Montoya presentó al Congreso el último jueves 1 de junio, que insta al Ejecutivo a denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y, en consecuencia, abandonemos la Corte Interamericana.

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—¿Qué efectos tiene denunciar a la CADH?

—La denuncia no tiene efecto inmediato porque todos los tratados de derecho internacional tienen un plazo en el cual la denuncia empieza a surtir efectos. Normalmente, es un año, en algunos otros tratados toma dos años, desde el momento en el que se envía el documento de denuncia hasta que este acto empiece a surtir efectos.

Digamos, si es que se denuncia hoy, recién en un año tendría validez para el sistema interamericano. Todo lo que pase desde hoy, 5 de junio de 2023, hasta el 5 de junio de 2024, sigue siendo parte de la competencia, en este caso de la Corte Interamericana.

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— El Perú ya ha intentado antes retirarse de la CADH.

—Exacto. Y es importante hacer mención al antecedente que tiene el Estado peruano y que lo distingue un poco de las situaciones de Nicaragua y de Venezuela, que son los Estados a los que Renovación Popular tanto dijo que no deberíamos parecernos, pero a los que nos vamos a terminar pareciendo, si es que el proyecto de ley sale en la evaluación de comisiones y es aprobado por el Pleno.

—¿En qué nos podría distinguir?

—El Perú intentó, durante el Gobierno de Fujimori, retirarse de la competencia jurisdiccional o contenciosa de la Corte Interamericana. No salirse de toda la Convención, sino únicamente retirar el reconocimiento que le había dado a este tribunal para emitir sentencias vinculantes respecto del caso peruano. Fue por el caso de Baruch Ivcher, me parece, y por el caso del Tribunal Constitucional contra Perú.

Lo que dijo la Corte, en ese momento, fue que uno, si ya reconoció la competencia contenciosa, no se puede salir. No hay mecanismo de desreconocer la competencia, ya una vez ha sido reconocida; y que la única manera de salir de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana es denunciando en su totalidad la Convención Americana. Al final, ya todos sabemos cuál fue el desenlace del Gobierno de Fujimori y esto quedó sin efecto; es decir, el Perú no se retiró formalmente de la Convención Americana.

Venezuela lo ha hecho de una manera bastante sintomática de cómo es el Gobierno porque denunció la Convención en el 2012 y luego, cuando ya la democracia se deteriora todavía más en Venezuela y Juan Guaidó asume este rol de presidente alternativo, él vuelve a ratificar la Convención Americana y dice que la está ratificando con efectos retroactivos. Entonces, el caso de Venezuela es particular.

—La Comisión reconoció a Guaidó como presidente en su momento, ¿es posible que logre su objetivo?

—El sistema interamericano va reaccionando en función a los casos que se le presentan. Entonces, todos los casos que llegaban al sistema interamericano seguían siendo casos anteriores a la denuncia de Venezuela porque el camino del sistema es largo.

Por ejemplo, hace poco la Corte resuelve un caso para Perú del año 2004, casi 20 años después. Entonces, había que esperar digamos la oportunidad en la que llegue un caso, una petición, una denuncia contra Venezuela posterior a la denuncia de la Convención Americana para ver qué es lo que va a decidir en un primer momento en la Comisión.

Si bien, anteriormente, la Comisión ha reconocido a Guaidó como presidente, quizás ahorita la situación es diferente y finalmente lo que van a buscar, si comprendemos la naturaleza tanto de la Comisión como de la Corte, que son órganos de protección de derechos humanos, es darle la lectura que sea más beneficiosa a este problema para los Derechos Humanos.

Es probable que cuando sea el momento de responder, finalmente, cuestiones de admisibilidad y cómo va a funcionar eso, tengamos una lectura a favor de los derechos humanos y se estaría reconociendo la nueva ratificación en Venezuela.

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—Existe, tal vez, la idea equivocada de que retirarnos de la CADH podría dejar impune a los responsables de las matanzas durante las protestas, ¿qué piensa usted?

—Absolutamente. Debemos precisar que el sistema interamericano no procesa a personas, sino Estados. O sea, si es que eventualmente un caso vinculado a las ejecuciones, en el marco de las protestas, es denunciado ante el sistema, siguiendo los mecanismos procesales que eso involucra, la responsabilidad va a ser atribuida del Estado, por acción directa, o por no haber prevenido, o por no haber garantizado la justicia, etc.

El sistema interamericano nunca va a procesar a un presidente en funciones o al jefe al Comando General de las Fuerzas Armadas. La corte y la CDH es un órgano que revisa casos vinculados a Estados que asumen obligaciones.

—¿Dónde podrían ser procesados de manera internacional?

—Si quisiéramos discutir responsabilidades individuales, habría que mirar otros tribunales como la Corte Penal Internacional, por ejemplo.

—Entonces, incluso retirándose de la Convención, ¿el Estado deberá responder por lo ocurrido en las protestas?

—Sí. El marco temporal es algo clave para entender el funcionamiento del sistema interamericano. Desde el momento en el que Perú ratifica la Convención, se activa la posibilidad de que la Comisión Interamericana conozca peticiones. Y desde el momento en el que reconoce la competencia contenciosa de la Corte, que fue el 21 de enero de 1981, todo lo que haya pasado hasta el día de la denuncia más un año, lo puede seguir conociendo el sistema interamericano y puede llegar a la competencia de la Corte.

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—¿Independientemente del tiempo que demore en emitir un fallo, cierto?

—Cierto. Más allá de que esto sea en 20 años. En el escenario de que Dina Boluarte denuncie la Convención Americana, la Corte podría tener algo que resolver en el Estado peruano, probablemente hasta el 2040, incluso si la denuncia se da al día de hoy, considerando este lapso que puede tomarse en resolver los casos.

—Además del caso de Fujimori, ha habido otros intentos, ¿ahora qué diferencia percibe?

—Si bien no es la primera vez que el Perú lo intenta, las veces que se han presentado proyectos de ley para solicitar el retiro del Estado peruano de la Convención Americana no han pasado siquiera el examen en comisiones. Lo de ahora a mí me parece particularmente grosero porque, además, desconoce que la prerrogativa de denunciar un tratado es una competencia del Poder Ejecutivo y el proyecto de ley parece, incluso, ir al golpe. O sea, a la imposición de obligar a la presidenta de la República o, a quien la suceda en el poder, a denunciar un tratado en desconocimiento de que esto es, finalmente, una competencia que le otorga la Constitución peruana, más allá de todas las amenazas que creo que activa para el respeto y goce de derechos, y también para la democracia sin duda alguna.

—¿Esto no hace que el proyecto se deslice por la inconstitucionalidad?

—Yo creo que sí, aunque hago la salvedad de que mi especialidad no es el derecho constitucional, mi lectura como jurista es que sí es una infracción constitucional porque es una competencia que la Constitución, en el artículo 57, les reconoce al Poder Ejecutivo en la figura del presidente o presidenta.

Entonces, intentar imponerlo desconoce que esto no es algo que la Constitución había previsto que sea ejecutado por el Congreso. Y el Congreso parece que quiere igual robarse esa atribución constitucional.

—Si Jorge Montoya y Renovación Popular logran su objetivo, ¿el Perú dejará de respetar los derechos humanos?

No. Los derechos humanos y los postulados del sistema interamericano no están reconocidos exclusivamente en la Convención Americana. Si observamos no solamente nuestra Constitución, tenemos una multiplicidad de normativas, políticas públicas, leyes con títulos específicos, decretos en todo nivel, normas regionales, etc.; alineadas a lo que dice la Convención Americana.

Entonces, incluso si anunciamos la Convención, las disposiciones de la Convención ya están cristalizadas en normas internas.

—Entonces, ¿esta iniciativa es más demagógica?

—Es un esfuerzo o una iniciativa más discursiva, antes de buscar algún efecto concreto.

—¿Qué cambiaría si se denuncia la CADH?

—Específicamente, es que el Perú ya no sería procesado por la Corte, podría todavía ser objeto de análisis, estudio por parte de la Comisión Interamericana, porque ahorita se está hablando de denunciar la Convención Americana, no la Carta de la OEA; es decir, el Perú seguiría siendo Estado miembro de la OEA y eso abre un propio sistema de protección que ya se rige, específicamente, por el mandato de la Comisión Interamericana.

—Pero ¿dejaremos de ser parte del escrutinio internacional?

—Hay que recordar que el Perú es parte de otro sistema de protección que es el sistema universal, que tiene muchísimos brazos, como comités de expertos, comités de órganos de tratados, tiene relatorías especiales; es decir, no podemos ser ajenos o distantes al escrutinio internacional. Y es positivo que eso pase.

No solamente es una Corte que esté atendiendo a cuestiones de graves violaciones a los derechos humanos, sino que también es una Corte que ha permitido impulsar derechos laborales, derecho a la consulta, protección de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de niños y niñas, temas de Estado de derecho, independencia de jueces... en fin. Realmente, centrarse en un punto para generar controversia, cuando el sistema interamericano es tan diverso y tan rico para el Estado de derecho en Perú y en la región, es desconocer, absolutamente y deliberadamente, cómo funciona un sistema internacional de protección de derechos humanos.

—Es decir, si Jorge Montoya y Renovación Popular logran su objetivo, ¿el Perú no quedará desamparado en su búsqueda de justicia a nivel internacional?

—Exactamente. Sigo defendiendo que es lamentable intentar siquiera salir de la jurisdicción de la Corte, pero aquellas voces que alientan este sin sentido son ignorantes de cómo funciona el sistema de justicia internacional.

Para empezar, porque lo que está haciendo Perú, o lo que está buscando Renovación Popular, es denunciar un tratado que le da jurisdicción solo a un órgano de protección porque la Comisión Interamericana, en virtud de la Declaración Americana de Derechos Humanos, puede supervisar qué sucede en materia de derechos humanos en los Estados que sean miembros de la OEA y el Perú, a estas alturas, no está hablando de denunciar la Carta de la OEA, y espero que no lo haga.

—Esto sí lo hizo Venezuela.

—Sí, lo que hizo Venezuela, en su momento, fue denunciar primero la Convención Americana y luego denunciar la Carta de la OEA porque se dieron cuenta de que no tenía sentido lo que habían hecho. Nicaragua, en cambio, en el 2021, denunció la Carta de la OEA pensando que salía por completo del sistema interamericano y sigue siendo parte de la Convención Americana.

—De alguna manera, ¿estamos siguiendo el camino de estos países?

—Efectivamente, parece que quisiéramos, una vez más, colindar con las dictaduras y regímenes de violación de derechos humanos más graves de la región, pero además el sistema interamericano es uno, pero no es el único sistema de protección al cual pertenece el Estado peruano. Nosotros hemos rectificado la gran mayoría de tratados de derechos humanos del sistema universal y eso ha habilitado, por ejemplo, que en el marco de las protestas tengamos la visita de Naciones Unidas o la del relator para la libertad de reunión y de asociación, y que hayamos tenido una solicitud de información de procedimientos especiales.

—¿Renovación Popular está obsesionado con los DD. HH.?

—Hay una obsesión de Renovación Popular y otros partidos con el sistema interamericano que revela además ignorancia. Yo no quiero dar más información para no soltar ideas, pero si el objetivo que ellos tienen, más bien, es poder salir de algo que consideran ideologizado, pues tendrían que adaptarse medidas más radicales, incluso desde ese punto de vista.

—¿Estamos caminando a un sistema autoritario?

—Estamos viendo muchas muestras de un camino hacia un régimen no democrático, yo sí creo que un pilar de la democracia es el respeto de los derechos humanos. Todo esto, al menos, sí nos debería llevar a pensar qué camino está tomando el Gobierno, qué camino están tomando nuestras autoridades cuando eligen un defensor del Pueblo que no tiene la mayor formación en derechos humanos para cumplir un rol que es fundamentalmente proteger y garantizar estos derechos.

—¿Nuestras instituciones democráticas se están debilitando?

—Vemos cómo se ha conformado recientemente el Tribunal Constitucional. Entonces, creo que hay varios síntomas que deben levantar alerta y, sobre todo, en este punto, antes de que sea muy tarde. En otras ocasiones, como te decía, hemos visto intentos de denunciar la Convención Americana o agravios en contra de la Corte, de la Comisión y, para mí, siempre ha sido como que la forma en la que un parlamentario quiere llamar la atención, y toca nuevamente el tema de que salgamos del Pacto de San José. Pero, ahora, espero estarme equivocando, creo que ya no es algo que debamos pasar por agua tibia porque la intersección de todas estas variables, más bien, dan algún indicio de que podría ser que supere el debate en comisiones, podría ser que se llegue a votación y podría ser que si se pide la inconstitucionalidad, pero ya hemos visto cómo el Tribunal Constitucional no se ha mostrado firme en el pasado ante intentonas de deslegitimar derechos humanos.

Entonces, creo que sí es importante encender todas las alarmas en este momento para evitar orientarnos en un camino sin retorno en detrimento de los derechos humanos.

—Entonces, ¿la democracia en el Perú está en peligro?

—Lo que creo firmemente es que es imposible hablar de una democracia sin respeto a los derechos humanos. Y estas amenazas constantes, tanto digamos, incluso si no se materializan las acciones, buscan posicionar narrativas contrarias a derechos humanos en estamentos donde se toman decisiones. Esto es altamente perjudicial para nuestra sociedad.

A mí me da mucha lástima que se vea eso como a favor de las izquierdas, o las derechas, cuando en realidad los derechos humanos son humanos, entonces todo aquel que se considere humano, ya debería sentirse protegido por este marco normativo.