Soy su jefa suprema, pero no sé nada, por Augusto Álvarez Rodrich

Sin llegar al papelón de Pedro Castillo en la entrevista con CNN —la última que ofreció, pues la que luego se publicó en el medio digital español El Salto fue una farsa de los leguleyos que lo defienden y de Aníbal Torres para zafar cuerpo—, es evidente que la presidenta Dina Boluarte tampoco se desempeña bien en el espinoso trance de responderle preguntas a un periodista.

Lo demostró el domingo en la entrevista que ofreció a Ricardo León de El Comercio en la que recurrió a la misma respuesta del hermano del narcotraficante Reynaldo Rodríguez López (a) el Padrino en el caso Villa Coca: “Soy su hermano, pero no sé nada”.

Es lo que quiso dar a entender la presidenta Boluarte cuando dijo que “yo puedo ser la jefa suprema de las fuerzas armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos”, intentando así tomar distancia de las muertes ocurridas durante las protestas.

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Esa respuesta implica una desatención del artículo 167 de la constitución (“el presidente de la república es el jefe supremo de las fuerzas armadas y de la policía nacional”) y del artículo 169 cuando señala que ambas “están subordinadas al poder constitucional”.

Eso no implica, obviamente, que la presidenta sea responsable de cualquier acción indebida de cualquier integrante de la fuerza armada y la policía en cualquier momento, pero sí de aplicar medidas correspondientes cuando se ha identificado una mala práctica, especialmente si esta tiene la notoriedad de las muertes ocurridas en medio de la trifulca violenta organizada a inicio de año tras el golpe frustrado de Castillo que le costó la presidencia.
Que es lo que no ha ocurrido, como puntualizan correctamente informes como el de la CIDH, aun cuando esté sazonado con comentarios mentirosos como los referidos a la minería.

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No hay prueba de que Boluarte o Alberto Otárola hayan dado órdenes de matar —como dice el lema #DinaAsesina—, y esta columna no cree que la presidenta o el premier lo hayan hecho, pero sí es claro que ambos no tomaron acciones ante lo ocurrido, y por tratar de eludir su responsabilidad sin elaborar bien su respuesta, el gobierno acaba enemistado con las fuerzas armadas y policiales además del sector conservador del Congreso.