La responsabilidad política

Tanto el primer ministro Alberto Otárola como el titular del sector Defensa, Jorge Chávez, afirman que no conocían de los planes operativos de las Fuerzas Armadas en la represión en el sur del país que concluyó con decenas de civiles muertos.

Estas versiones ante la Fiscalía, que investiga presumibles actos de violación de los derechos humanos contra población desarmada, buscan evitar la responsabilidad de los funcionarios públicos en decisiones militares, aduciendo que se habrían tomado al margen de la autoridad política.

Sin embargo, el cumplimiento de la acción militar, como en este caso, está sujeto, en primer lugar, a decretar el estado de emergencia en la zona en la que se realizará el operativo militar o policial y ordenar el uso de la fuerza para garantizar el restablecimiento del orden público. Ambas disposiciones emanaron de la autoridad política en Andahuaylas, Ayacucho, Cusco y Puno, entre otras.

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Esas mismas autoridades señalaron ante la prensa y mediante comunicados que el objetivo era recuperar la tranquilidad pública y otros argumentos que fueron difundidos durante los violentos incidentes a partir de diciembre.

Se han justificado las acciones de violencia policial y militar con informes oficiales que señalaban la existencia de infiltrados extranjeros, armas provenientes de otros países, planes de desestabilización con financiamiento de mineros ilegales, narcotráfico o tala ilegal. Será la investigación independiente la que determine si hubo excesos. Pero que existió una orden política previa es incuestionable, pues los militares no salen a las calles porque se les antoja, señalan los especialistas consultados.

Si había cuestionamientos por las muertes ocurridas, por el mal uso de la fuerza, debió haber una llamada de atención o paralizar los operativos. Por el contrario, se premiaron comportamientos, de militares y policías, y se les conminó a seguir con lo emprendido en otras regiones.

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Decir ahora que no se conocía de los operativos en detalle solo parece un intento de lavarse las manos, cuando todo va escalando a nivel internacional y se avecinan nuevos informes de organizaciones defensoras de los DD. HH.

Hace muy poco se le ha entregado el bastón de mando de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a la presidenta Boluarte. Se le reconoce como jefa suprema; es decir, la sujeción del poder militar al civil. Una comprobación más de quién tiene la responsabilidad política de todo lo ocurrido.