Vientos de cambio, por Ariela Ruiz Caro

La presidenta Dina Boluarte sigue el mismo libreto que usaron Lenin Moreno, Iván Duque y Sebastián Piñera cuando tuvieron lugar masivas protestas sociales en sus respectivos países. Se trataba de atribuirlas a un agente externo.

La OEA contribuyó a ese relato al señalar que las protestas en Chile revestían el mismo patrón que las sucedidas anteriormente en Ecuador y Colombia, y que las brisas del régimen bolivariano, impulsadas por el madurismo, y el régimen cubano traían violencia, saqueos, destrucción y un propósito político de atacar directamente el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales.

La presidenta ha apuntado a Evo Morales y ha dicho que las balas con las que se ha asesinado a compatriotas provienen del extranjero, cuando se ha comprobado que provienen de la Policía nacional. La prohibición de su ingreso al país —y a ocho compatriotas suyos “por haber realizado actividades proselitistas”— es parte de esa estrategia. El premier, Alberto Otárola, dijo que “no iban a permitir que ningún presidente, expresidente, ni líder ni personaje se inmiscuya en los asuntos de Perú (...), afectando la tranquilidad que nos ha costado a los 33 millones de peruanos”.

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Esa actitud nos recuerda las protestas sociales de octubre de 2019 en Chile, cuando un Informe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) señaló que estas habían contado con la participación de más de 600 venezolanos infiltrados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el G2, el aparato de inteligencia de Cuba. Se dijo que ambos habían estado preparando y ejecutando una ofensiva insurreccional para Chile. Además, se buscaba vincular las protestas con las organizaciones de izquierda de la región agrupadas en el denominado Foro de Sao Paulo.

El entonces presidente Trump puso su granito de arena y denunció la injerencia de otras naciones en Chile con el objetivo de socavar las instituciones, la democracia y la sociedad chilenas. Funcionarios del Departamento de Estado denunciaron que habían sido identificadas cuentas falsas provenientes de Rusia, fingían ser chilenas y estarían tratando de socavar todas las instituciones y la sociedad chilena.

A tal punto era el absurdo que el propio ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, Gonzalo Blumel, señaló que “prefería ser prudente, conocer esos antecedentes y, si efectivamente eran ciertos, investigarlos en las instancias que correspondieran”.

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Por supuesto que los principales medios de comunicación, como La Tercera, se hicieron eco e informaron que detrás de los ataques a las estaciones del metro habría extranjeros de origen cubano y venezolano. Sin embargo, los fiscales encargados de la investigación concluyeron que no había indicios ni antecedentes respecto de identidades ni nacionalidades específicas y que algunos lugares en los que se inició el fuego eran bastante estratégicos para las estaciones de Metro.

El informe de la DINE habría justificado la declaración de estado de emergencia y el consiguiente control del orden público por las fuerzas militares luego de que el presidente Piñera señalara, al inicio, que el país se encontraba en una guerra frente a un enemigo poderoso.

Grave error haber criminalizado la protesta social en lugar de responder políticamente. Días después tuvo que retirar algunas medidas tras pedir perdón a la ciudadanía por no haber escuchado sus reclamos, ni él ni los Gobiernos que lo precedieron. Después de un mes de protestas, se negoció un Acuerdo de Paz, que incluyó la redacción de una nueva Constitución.

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Dina Boluarte es la presidenta constitucional, luego de que Pedro Castillo fracasara en el autogolpe. El problema es que lo legal no siempre va de la mano con la legitimidad. Boluarte cogobierna con el fujimorismo y la derecha, facciones políticas que fueron rechazadas en una titánica contienda electoral limpia. No solo ha abandonado sus banderas políticas, sino la voluntad popular. Las protestas sociales exigen su salida y el respeto a la democracia.