Política de drogas y pacto social ciudadano, por Ricardo Soberón

Por: Ricardo Soberón (*)

Asumimos la implementación de la Política de Drogas (PNCD 2030), luego de la covid. La dinámica de las economías extractivas ilegales agrede intensamente la baja Amazonía y sus pueblos. Esto se explica por la existencia de una incesante demanda de 21 millones de usuarios, especialmente en América del Norte y Europa.

Los países donde la cocaína se comercia para el consumo urbano manejan precios superiores a otros commodities (de US$1.000 el kilo en chacra, a 45.000 en destino). Tampoco hacen lo suficiente para impedir el tráfico o para cerrar las brechas socioeconómicas que favorecen la creciente migración andina a la selva. Un motivo por el que el DAIS no es sostenible, es porque productos “bandera” como el café o cacao están sujetos a precios y estándares internacionales no favorables. Europa y América del Norte deben hacer más para reducir la demanda y altos precios de la cocaína, madera y oro ilegales, que provocan la destrucción de bosques primarios y desaparición de culturas amazónicas, como ocurre en selva central, el Alto Amazonas. No es argumento válido, porque el Perú sea un país de renta media, o que ya han colaborado suficiente. La necesidad de reconducir las acciones colectivas en la materia hizo que convocáramos a una conferencia para ponernos de acuerdo los países amazónicos sobre la relación entre narcotráfico, desarrollo amazónico y mitigación del cambio climático. La nueva gestión en Devida la ha suspendido.

Para implementar la PNCD, contamos con S/275 millones/año, para tres programas presupuestales. Devida depende de la PCM y eso debilita fuertemente la posibilidad de monitorear la acción de otros sectores del Estado. La verdad es que el 2021 y 2022 ni la PCM ni la presidencia se interesaron por el tema. Así ha sucedido antes: la estructura del Estado ha gastado un poco de plata priorizando una erradicación engañosa y un DAIS pequeño y limitado, que no ha logrado resultados definitorios, por la ausencia de una política clara que responda a las necesidades de la Amazonía.

Devida tiene ocho oficinas mirando la selva alta, con las que realiza ejecución directa y supervisión de transferencias a otros niveles de gobierno: campesinos, alcaldes y gobernadores piensan que Devida hace lo que Agricultura o Transportes no. Desconocen que los recursos de Devida deben ser invertidos a cambio de menos coca, cocaína y precursores químicos. En la gestión se ha ejecutado el 82,7% del presupuesto asignado. Se consiguieron recursos externos para implementar el primer piloto del Pacto Social Ciudadano, con una cooperativa de mujeres cacaoteras, Sumaq Sonqo, en Samugari. Entregaron voluntariamente seis hectáreas de coca a cambio de las acciones que realiza Devida. En las alturas del poder, esta vía no alcanza a verse: es posible la reducción voluntaria de coca. Creemos en esta herramienta que, junto con una erradicación focalizada y sostenible, nos puede permitir mejores resultados.

Algunos desinformados —que pasaron por Devida— señalan que esta es una política errática, por simples intereses mezquinos. Nada más falso. En 13 meses tuvimos relación cercana con ORAU, Fenacoca, CARE, Codepisam y otras organizaciones indígenas. Con los cocaleros hay que hablar, pero bajo los términos de la democracia: derechos y obligaciones. El control de la oferta debe cambiar, no puede ser que el 90% de los recursos vayan a la erradicación y no tengamos recursos para vigilar aire y mar. El MEF y el Ministerio de Interior son responsables de esta ceguera. Quedó pendiente la conversión de un modelo legal sobre coca, ante el fracaso de Enaco. Desde Devida entregamos una propuesta para recuperar el mercado legal, con la supervisión de un organismo regulador. Ni Castillo ni Torres la vieron.

(*) Expresidente ejecutivo de Devida (2011, 2021-22).