Persecución írrita

La República acumula, a la fecha, 106 procesos y dos sanciones administrativas por transgresión de la ley de publicidad estatal, según el Tribunal de Contrataciones dependiente del OSCE. Este acto es una clara persecución legal y publicitaria contra el Grupo La República Publicaciones, por ser un medio crítico del actual Gobierno.

Las acciones interpuestas son del periodo en el que la ministra de Comercio Exterior era Claudia Cornejo Mohme, hija de la accionista del Grupo La República María Eugenia Mohme Seminario. La publicidad observada son edictos y comunicados del Concejo provincial de Islay, Mollendo y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.

Lo extraño es que todas las sanciones no tienen correlato con la interpretación de la aplicación de ley de publicidad estatal del Tribunal Constitucional —al ser consultado por otro caso similar— y la propia jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones del OSCE, que la ha incorporado como vinculante, al resolver utilizándola en un caso específico.

Es más, el TC es claro en señalar en su sentencia que la prohibición para contratar con el Estado solo es universal y general para familiares directos y hasta segundo grado de consanguineidad del presidente de la república. Para otros funcionarios, congresistas, ministros, viceministros e integrantes de instituciones autónomas, la prohibición se circunscribe a la entidad en la que laboran y no se extiende a cualquier otra en el Gobierno.

El máximo intérprete de la legalidad adiciona que no se puede presumir, a priori, que un familiar o pariente de funcionarios estatales está recurriendo a influencias indebidas para obtener un contrato con el Estado, porque eso sería atentar contra el principio de licitud.

Pese a esta claridad del TC, el organismo público —a cargo de Diego Montes Barrantes, director interino hace varios meses— desde marzo del 2022 ha empezado a notificar el inicio de estos procedimientos a La República con un criterio distinto al del TC y ya utilizado por el OSCE.

La posición del Grupo La República es defender el derecho a acceder a la publicidad del Estado, no obstante que no es un monto importante de ingresos publicitarios. Se trata, con estricta sujeción a la ley, de impedir los abusos de quienes detentan el poder y garantizar la legalidad y predictibilidad, según lo ha resuelto el TC en su oportunidad.