Presunto presidente de la República

Una noticia positiva que no debería pasar desapercibida es que, en medio del caos político que se vive, con un gobierno en la práctica ausente, el país aún funciona.

Afirmar que el país todavía funciona alude a que se desenvuelve con relativa normalidad, lo cual no impide reconocer que, desde hace un lustro, la turbulencia política ha impedido avanzar en reformas y mejoras claves para la calidad de vida de la ciudadanía.

Sostener que esto ocurre a pesar de un gobierno ausente alude a que es difícil pensar que sus instancias más importantes tengan cabeza en este momento para otro asunto que no sea la defensa judicial del presidente.

Empezando por él mismo, pues hasta al político más preparado –y Pedro Castillo, sin duda, no lo es– debe zamaquearlo el tremendo trance por el que atraviesa el presidente: investigaciones del Ministerio Público, testimonios acusadores de excolaboradores, allanamientos de fiscales y policías, y la detención de personas tan cercanas como su hija putativa.

Con todo el poder que supuestamente tiene un presidente, Castillo debe sentirse frustrado, apabullado y furioso, lo cual debe impedirle desempeñar apropiadamente el cargo que ocupa, lo que no obvia que su actuación del primer año es deplorable y penosa.

Una incapacidad parecida para ejercer sus funciones está ocurriendo con varios de los integrantes del gabinete ministerial, unos porque la turbulencia política genera inestabilidad e incertidumbre que afecta las políticas públicas, y otros porque, sencillamente, se han dedicado en cuerpo y alma y a tiempo completo a defender a Castillo.

A todo lo anterior se suma el impacto de las renuncias que están ocurriendo en estas horas, como las de los embajadores en la ONU y la OEA, pero, principalmente, la de Benji Espinoza, el abogado principal del presidente que, en la práctica, era una suerte de premier, algo comprensible en un gobierno focalizado en la defensa de Castillo. Sin embargo, su retorno a la defensa del presidente compensa lo ocurrido.

Si la Fiscalía lo investiga por presunto cabecilla de una organización criminal, la dificultad que hoy tiene Castillo para gobernar el país lo proyecta como un presunto presidente de la República.