La verdadera crisis política, por Indira Huilca

Desde hace años es común hablar de crisis al referirse a la situación del país. El caso Lava Jato, el fracaso de la derecha con PPK, el boicot fujimorista al Parlamento y al sistema de justicia: todo ello ha puesto a la democracia contra las cuerdas y a la ciudadanía contra la clase política. En los últimos 9 meses, la presidencia de Pedro Castillo no ha marcado gran diferencia y más bien ha profundizado la inestabilidad política acumulada.

La llegada de Castillo al poder hizo pensar en la posibilidad de cambios. Su presidencia, nacida de la tercera derrota electoral del fujimorismo, es la de un político salido de luchas sindicales que es electo en medio de la pandemia, una experiencia que mostró la incapacidad del Estado neoliberal para frenar abusos y asegurar servicios públicos. Con 250 mil muertes y el 30% de la población en situación de pobreza, parecía evidente que en el nuevo período, el gobierno electo y la clase política debían volver la mirada a temas urgentes: salud pública, bonos sociales y regeneración del empleo, además de prever los efectos locales de los cambios globales poscovid.

Sin embargo, apenas elegido Castillo y el nuevo Congreso, tales urgencias desaparecieron de la definición de crisis y del radar de políticos y medios. La discusión se centró en la legitimidad de Castillo y en sucesivos pedidos de vacancia desde el Congreso. Lo mismo ocurrió con el lugar de Perú Libre y su líder, Vladimir Cerrón, en el gobierno, sus erráticas alianzas políticas y el rastro de corrupción, ineptitud y cuoteo evidenciado en los cuatro gabinetes formados hasta la fecha. A todo ello se le llamó “crisis”, volviéndose la expresión un sinónimo del desorden y la beligerancia en que políticos de uno y otro bando se escudan para abandonar su responsabilidad de responder –sea como gobierno o como oposición– a las demandas de la ciudadanía, mientras tratan de sacar adelante sus propios intereses.

Es esta limitada idea de crisis política la que explica que se propongan soluciones en las alturas: vacar al presidente, obligarlo a renunciar o hacerle transferir el mandato a un premier “fuerte” o a su vicepresidenta, un camino ya transitado por PPK-Vizcarra, con el desenlace conocido. Se habla también de adelantar elecciones, aun cuando se advierte que con los mismos actores no cabe esperar mejores resultados. Son las importantes movilizaciones en diversas regiones del país en las últimas semanas las que muestran claramente la estrechez de tal definición de crisis y lo estéril de pensar que la solución pasa únicamente por un cambio de elenco.

Tras dos años mortíferos y hoy sometida al alza de combustibles, insumos agrícolas y productos de primera necesidad, la gente ha empezado a movilizarse para hacerse oír por el gobierno que eligió. Aunque tras el malestar siempre operan diversos intereses políticos –es además un año electoral– se trata de demandas legítimas que permanecían ignoradas por quienes tienen el poder de definir qué es una crisis y de proponer soluciones. Más grave aún, no han sido tomadas en cuenta por el “gobierno del pueblo” en la búsqueda de alternativas a su débil situación. Más allá del episodio limeño –que es específicamente anti Castillo– en las calles del país se exigen medidas para contener el alza del costo de vida, se demanda atención al sector agropecuario y se protesta contra el comportamiento de grupos económicos como Gloria y Romero (Alicorp). Al votar por Castillo el pueblo optó por salidas de fondo que no se están cumpliendo. Frente a ello, el impulso autoritario (deslegitimar las protestas, declarar toques de queda) y las medidas inmediatistas serán tan insuficientes como hablar de adelanto de elecciones.