Los Hijos del Cóndor

Conversaciones sostenidas con consejeros y su personal de confianza dejan entrever una enorme red de corrupción en diversos frentes de acción del Gobierno Regional de Arequipa, encabezada por el propio presidente de esa jurisdicción, Elmer Cáceres Llica, quien ha recibido cuestionamientos desde el primer día de su mandato, y que ahora parecen confirmarse y agravarse con el paso de las horas y el destape de los audios.

Entrega de terrenos, cuotas a empresarios por obras concedidas, cupos de trabajo y sobornos van configurando diversos delitos entre los que destacan la colusión agravada, peculado, cohecho y negociación incompatible. Las pruebas están siendo entregadas por una testigo protegida, que además ha puesto a disposición del Ministerio Público audios que pueden ir identificando a los funcionarios que han participado en este entramado de poder y corrupción.

Todas las conversaciones identifican al gobernador Cáceres como “cóndor”, quien sería el eje de la llamada organización criminal, por lo que se ordenó la detención de él y de nueve funcionarios del GORE Arequipa.

Este no es el único caso en el que se ha visto involucrado el presidente regional Cáceres. Desde el inicio de su gestión estuvo bajo observación pública por su forma altisonante y sus denuncias por delitos de agresión física contra sus exparejas sentimentales y dos denuncias de violación sexual. Su carácter irascible y sus salidas agresivas y fuera de tono lo convirtieron en un personaje extravagante y fatuo. Las revelaciones que ahora lo han conducido a la cárcel fueron expuestas previamente a la opinión pública por el periodismo independiente.

Ahora se comprueba que parte del blindaje que se obtenía de otras fuerzas políticas al interior del gobierno regional era parte de los sobornos y prebendas a cambio de mirar para otro lado, que ofrecía Cáceres, quien logró capturar el cargo con mucha dificultad, apenas superando un empate técnico con Javier Ísmodes.

Elmer Cáceres pasa a integrar así la larga lista de gobernadores regionales que mantienen denuncias de corrupción o están detenidos o sentenciados por las mismas razones. Hay que replantear a fondo el modelo de gestión de los GORE y encontrar un sistema que advierta y prevenga el delito, en vez de comprobarlos una vez que ya se cometieron.