Empresas y Derechos Humanos

Por Eduardo Vega Luna (*)

El 11 de junio el gobierno aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, el primero de su tipo en el Perú y el tercero de América Latina y de la Alianza del Pacífico. Su objetivo es impulsar una alianza estratégica entre el Estado, las empresas de todo tamaño y rubro, y la sociedad civil organizada, para fortalecer la protección y el respeto de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales.

Así, se marca un hito en la política pública, pues por primera vez se incorpora formalmente al sector empresarial a través de un conjunto de acciones colaborativas con el Estado y todos los actores sociales, a fin de fortalecer una cultura de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos. Es, además, fruto de un intenso diálogo entre 132 instituciones estatales, gremios empresariales, pueblos indígenas, sindicatos y sociedad civil, iniciado en enero de 2019 bajo la dirección del MINJUSDH, con el apoyo de la OCDE, el Sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

El plan aspira a convertirse en una herramienta de articulación multiactor en el que confluyan los esfuerzos estatales y de toda la sociedad para garantizar la mejora de la calidad de vida de las personas vinculadas directa o indirectamente con las actividades empresariales, en especial de quienes son más vulnerables, como las mujeres, niños, niñas y adolescentes; pueblos indígenas y afroperuano, migrantes; personas LGBTI, con discapacidad y adultas mayores, entre otros. Entre varias líneas de trabajo prevé acciones de fortalecimiento institucional de organizaciones indígenas y sindicales; acompañamiento del Estado al sector empresarial para la implementación y reporte, voluntario y progresivo, de mecanismos operacionales de debida diligencia que fortalezcan la capacidad de las empresas privadas y públicas para atender oportunamente los riesgos de afectación de derechos humanos en sus ámbitos de influencia.

Asimismo, considera medidas para mejorar la capacidad estatal de regulación y fiscalización de la actividad empresarial, fortalecer la consulta previa y la prevención de la conflictividad social, fomentar la integridad y lucha contra la corrupción; contribuir con la disminución de la informalidad, adecuar la normativa interna a los estándares internacionales, garantizar a la ciudadanía vías accesibles y oportunas de reparación. Todas ellas suman un total de 13 objetivos, 97 acciones y más de 150 indicadores que comprometen a todo el Poder Ejecutivo, así como al Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, gobiernos regionales y otras instituciones.

El plan de acción se sustenta en los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la Declaración Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, y otros instrumentos internacionales, todos los cuales conciben a la debida diligencia en derechos humanos como una condición de la operatividad de toda empresa, indesligable de su función de generación de riqueza.

La debida diligencia es también un factor que contribuye con el éxito de los negocios, pues les permite obtener y conservar una adecuada relación con su entorno social, les brinda mejores oportunidades de inversión, fortalece su buena reputación y confiabilidad, les permite atraer y formar personal cada vez más calificado y acceder a nuevos mercados, así como mejorar su capacidad de innovación, además de una serie de beneficios con los que las empresas, el Estado y la sociedad ganan por igual, mejorando su competitividad y productividad y consolidando el desarrollo sostenible y un país más justo.

(*) Ministro de Justicia y Derechos Humanos.