El Estado coercitivo no funciona

¿Se acatan las sanciones por incumplir las medidas de aislamiento e inmovilización social? No lo sabemos, tampoco quién realiza ese control administrativo desde el Estado, y por último, que las normas establecidas cumplan su labor coercitiva o disuasiva.

A falta de una comprobación en una base de datos, y una autoridad general en este menester, la duda viene a partir de las constantes intervenciones policiales, y en aumento, en las que luego se ve, a través de las pantallas de la televisión de los noticieros, a los jóvenes arrojar a la calle el papel en el que consta la sanción correspondiente.

Según la norma, publicada en la plataforma digital única del Estado peruano, aparte de la penalidad económica el infractor (a), “Si no cancelas la multa en el Banco de la Nación (BN) en los 5 días hábiles posteriores al día siguiente útil desde que fue impuesta, no podrás suscribir ningún tipo de contrato civil ni acto notarial. Tampoco podrás hacer trámites ante los bancos o la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), ni se te permitirá viajar al exterior”.

Si por los informes periodísticos se sabe de intervenciones a infractores o infractoras en todo el país, entonces, debe de haber miles en una situación irregular, pero se percibe que no les afecta en lo más mínimo, y que, además, lo dispuesto no cumple su cometido, pues las reuniones sociales (léase fiestas Covid) van en aumento mientras los policías, también militares, que realizan los operativos, se exponen al contagio.

A partir de estas experiencias como resultado de la pandemia, el Estado debe propender una sociedad efectivamente digital en la que el ciudadano, debidamente identificado, desde su DNI electrónico en interfaz con plataformas tecnológicas, debe monitorear a su población a fin de hacerla acreedora a servicios públicos a partir de la conducta, pues el Estado-Nación se debe desenvolver dentro de un ambiente de entendimiento y estímulo de retribución constantes.