Bombas de tiempo

Una protesta que rompe con la aparente tranquilidad social muestra una parte de la realidad que ha sido invisibilizada. Un conflicto no resuelto, en estado de latencia. Es por eso que quienes estudian conflictos sociales hablan de la “activación”. Hay elementos en el contexto que, sin necesariamente buscarlo, se vuelven detonantes de la acción colectiva.

No son sucesos inexplicables. Tal vez inesperados para algunos, pero provienen de raíces que son fáciles de identificar. Lo que resulta sintomático de la crisis político-institucional que arrastramos es la capacidad de nuestras autoridades, y de nuestra clase dirigente, de contentarse con calmar las aguas sin atreverse a estudiar las mareas.

No limpiamos la casa, metemos la basura debajo de la alfombra. Guardamos las apariencias, logramos seguir funcionando, pero acumulamos problemas no resueltos.

Rolando Luque, adjunto de la Defensoría del Pueblo, en una reciente entrevista ha recordado que ya hay 147 conflictos activos y llama la atención sobre algunos que por tiempo y gravedad debieran ser de atención inmediata. Conflictos mineros, como el de Las Bambas, o petroleros por sucesivos derrames. Estos conflictos suelen desactivarse con mesas de diálogo o con declaratorias de emergencia. Pero muchos no llegan a resolverse.

En parte se debe a la desidia de nuestras autoridades o a su desprecio por poblaciones movilizadas en torno a algunos conflictos; pero también porque no hay manera de resolver el origen de ciertos conflictos sin cuestionar el modelo de desarrollo que tenemos en el país. Y cuestionarlo supone poner en evidencia contradicciones que algunos –sobre todo quienes se han beneficiado y mucho– no están dispuestos a aceptar.

Muchos de los límites para cambios profundos, cada vez más necesarios, están en el texto constitucional. No todos, es verdad. Pero varios sí. Algunos como candados, por ejemplo, la subsidiariedad del Estado o la idea de los contratos ley. Otros como visión programática, como el equiparar el capital extranjero al nacional o la reivindicación de la propiedad pública de los recursos naturales cuando están bajo tierra y perderla una vez extraídos.

Pero la particularidad del momento que vivimos es que hay otros conflictos, no económico, que tampoco logramos resolver y que también tienen un origen en el texto constitucional. La activación de la acción golpista, tras el fallo del TC, se filtra hasta en audios del Congreso. Y la evidencia de su voluntad de copar las instituciones se muestra con la reactivación de la comisión a cargo de seleccionar a las y los magistrados del Tribunal Constitucional.

Ni la elección de Sagasti como presidente de transición, ni las elecciones de abril resolverán esas bombas de tiempo. Démonos cuenta que el modelo constitucional nacido en el 93 se agotó y toca construir los cimientos de uno nuevo.