Más allá del bloqueo

Una lección que debiera dejarnos la semana que pasó es que no puede ser que atender reclamos salariales, o demandas políticas, tenga que costar tanto sufrimiento en el Perú. Ya teníamos bastante con la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, en medio de las protestas contra Manuel Merino, como para que esto volviera a pasar.

La causa de las muertes de Jorge Yener Muñoz y Denis Mario Fernández, como consecuencia del reciente paro agrario, tiene que esclarecerse, para que no nos quede la sensación de que la vida vale poco entre nosotros. O que es imposible llegar a consensos básicos sin que la violencia o la represión estallen de manera incontrolable.

Una vez derogada la ley de promoción agraria, además, resulta urgente crear un nuevo marco jurídico para que la agroexportación, que ciertamente vivió un auge económico en los últimos años, no se base en sembrar la injusticia. Tanto empresarios como trabajadores deberían haber tenido derecho a gozar de la buena cosecha.

Vistas las cifras y los testimonios sobre las condiciones de trabajo, no fue así para una buena parte de quienes trabajan en los emporios agrícolas de la costa. Tener la CTS o el aguinaldo incluidos en una magra remuneración, trabajar más de ocho horas diarias o no contar con un seguro de salud es algo que no podía continuar.

La Ley 27360, hecha en el 2000 y en los estertores del régimen fujimorista, abrió una ruta para el crecimiento agroexportador pero no para estándares salariales respetables. Ofreció mucho trabajo sí, aunque no de gran calidad, y cuando fue modificada en el 2019, durante el gobierno de Vizcarra, tampoco mejoró sustantivamente la situación.

Subieron las vacaciones de 15 a 30 días, y los sueldos poco más de tres soles diarios, lo que dejó encendida una bomba de tiempo laboral. Ahora que esta ley ya no existe, viene el desafío de consensuar una nueva, que tenga en cuenta las demandas de los trabajadores, las expectativas de los empresarios y el crecimiento económico.

¿Se puede hacer? Se tiene que hacer en los próximos días entre el Congreso y el Ejecutivo, con la participación de los actores ya mencionados, a fin de que no terminemos el año con ese vacío legal y con la indignación social aún asomando. Hemos sufrido demasiado estos días como para que se insista en lo mismo de hace 20 años.