La salud y los dueños del Perú

“Nosotros tenemos una economía social de libre mercado que está consagrada en el artículo 59 de la Constitución. El mandato constitucional es que todos seamos ricos. Existe lo que se llama libre mercado. Aquí no hay regulación de precios. Y si (varias clínicas) se ponen de acuerdo en que un medicamento cuesta 10 soles, yo nada puedo hacer. Ni yo ni el presidente de la República ni el presidente de la Corte Suprema. Aquí hay libre mercado”.

Este es el inicio de un artículo que publiqué en este diario: “La salud como negocio privado” (01/07/15) y corresponde a una entrevista que Ojo Público (17/06/15) le hizo a la doctora Flor de María Philipps, en ese entonces superintendente de la Superintendencia de Salud (SUSALUD).

La doctora Philipps venía del sector privado: gerente de Pacífico Seguros y Pacífico Salud EPS, directora médica de la clínica Ricardo Palma y gerente administrativa del complejo hospitalario San Pablo. Participó, según Ojo Público, como representante del sector privado en los grupos de trabajo que discutieron con el sector público las primeras reformas de salud. Se podría decir que su caso es el típico ejemplo de la llamada “puerta giratoria”.

Quince días después publiqué otro artículo vinculado también a la salud: “Medicamentos, funcionarios y TPP”. Ahí contaba el debate sobre el precio del Atazanavir, un medicamento usado para el tratamiento del VIH y que al tener la empresa Bristol-Myers Squibb la patente de exclusividad, vendía en el Perú a S/ 29.00 cada tableta cuando en Bolivia costaba S/ 1.40, es decir, 20 veces menos. La propuesta era comprarlo en el exterior a un costo mucho más bajo.

Este debate terminó cuando Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior en ese entonces, argumentó que la propuesta del Minsa “no estaba debidamente sustentada” ya que –lean bien esto– no había un problema de acceso al medicamento “porque el Minsa lo suministra gratuitamente”, y porque “hay más recursos en Perú y el sector salud puede pagar el sobrecosto de la patente hasta el 2019” (La República, 13/07/15). Al final este medicamento pasó a costar S/ 18.90, es decir todavía trece veces más que en Bolivia. Recién en febrero de 2019 se pudo comprar “a precio de competencia en el mercado internacional, ya que en el mes de enero venció la patente, permitiendo acabar con el monopolio” (https://conexionvida.net.pe/2019/02/24/). Hoy se discute si el Atazanavir detiene la propagación del COVID-19 y reduce la inflamación de los pulmones en los pacientes infectados.

En estos días, a raíz de las denuncias de que clínicas privadas cobraban altas sumas de dinero por las pruebas para el COVID-19, cuando era el INS el que las realizaba, el jefe de SUSALUD, Carlos Acosta, dijo que no era posible ni regular ni establecer un control de precios, luego esa misma institución publicó un comunicado donde nos recordaba, al igual que cinco años atrás, que: “Existe un marco constitucional que establece que la iniciativa privada es libre y que se garantiza la libertad de empresa y por lo tanto no se puede realizar un control de precios”.

Estos hechos, más allá del tiempo transcurrido prueban: a) que el control del sector salud por los grupos privados (clínicas y aseguradoras) y la ausencia de una burocracia pública han convertido a la salud en un negocio, “gobernado” por el “mercado”, y que no sea un derecho ciudadano. En este contexto, el caso de SUSALUD es la punta del iceberg; y b) que el Estado es subsidiario no de la ciudadanía, pero sí de los grupos privados como lo demostró hace cinco años el precio del Atazanavir y como lo demuestra ahora el caso de las pruebas COVID y el costo del oxígeno. La salud es la última “rueda del coche” y al mismo tiempo la “chacra” de los dueños del Perú.