1. - De modo acelerado culmina la transformación de la agenda y el escenario, que se inició en abril. Es manifiesto el cansancio de la población, se incrementa el desaliento y se abre paso la percepción de que la cuarentena sirvió de poco. La idea colectiva inicial de que pudo ser peor sin el aislamiento cede paso a un grupo de incertidumbres. La perspectiva ya es otra, la de un país esforzado y resiliente, sin estrategia ante a la pandemia, con escasos instrumentos de presión sobre el poder, y que ejecuta un desborde social pasivo y creciente de las restricciones. Es la tendencia predominante –fría e injusta– pero lo es.
2.- Se deteriora de la capacidad de dirección del Gobierno. Aumenta la controversia sobre al manejo de la pandemia. Ha terminado el momento exclusivo de la autoridad y se ha iniciado el momento de una deliberación disruptiva con fuerte tono populista, aunque la aprobación del presidente y del gobierno continúan siendo altas. Se agota el discurso y comunicación oficiales y se aprecia la pérdida de iniciativa; la agenda pública está en disputa, en tanto el Gobierno subestima los diálogos arriba y abajo. Roto el consenso general de los poderes del Estado, aparecen flancos abiertos en cada caso. El liderazgo sin instituciones muestra sus límites, aunque a favor del presidente Vizcarra opera un hecho nuevo: hay oposición pero no hay alternativa.
3.- El principal riesgo es una salida desordenada de la cuarentena que genere una segunda ola de contagios. La reapertura de la economía se ha iniciado; el consenso general es por una etapa que combine pandemia persistente y actividad económica sin una ecuación salud/economía virtuosa. Se observa una alianza entre informalidad y neoliberalismo, dos libertades desde dos orillas distintas. En nuestro país, el miedo y el riesgo no son correlativos. La clave de la reapertura está relacionada con la capacidad de supervisión del Estado a nivel central, regional y municipal.
4.- Aparecen dos discursos que actúan sobre la agenda. Uno apunta a la importancia de los efectos sociales inmediatos de la pandemia (inseguridad alimentaria, pobreza, precariedad laboral, costo de las medicinas, violencia contra las mujeres y desplazados) que se transformará en un movimiento en favor de derechos en esta etapa. El otro insiste en la necesidad de una rápida reactivación; acepta el esquema de las cuatro fases diseñado por el Gobierno e insiste en flexiblizar las regulaciones. Este discurso se hará probablemente hegemónico a pesar de los costos en salud, si los hubiese.
5.- Se afirma la tendencia de responder a la pandemia con una hoja de ruta tradicional. Es real el despliegue de gasto con las medidas sociales, económicas y fiscales; ellas son respaldadas pero se reporta el retraso en la ejecución, prioridad y cobertura. El Gobierno no muestra señales de recoger en su conjunto las demandas ciudadanas y procesarlas. Reapertura no es sinónimo de reactivación. Se extrañan nuevos sentidos comunes, como refiere Humberto Campodónico. Es probable que las demandas de cambio en las próximas semanas no provengan del Estado. La Defensoría del Pueblo ha recogido evidencias de cuatro escenarios de demandas y tensiones (salud, minería, prisiones y desplazamiento interno) que se ampliarán. Sin un nuevo rayado de cancha crece la pregunta: si todo ha cambiado, dónde está lo nuevo.