Se busca capacitar a Jueces y Juezas de Paz para que mejoren la calidad del servicio que brindan

Con la presencia de treinta jueces y juezas de paz el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Lizana Bobadilla, inauguró hoy el Programa de Capacitación de la Escuela Judicial y de la Interculturalidad, promovida por la Presidencia y la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz – ODAJUP – a cargo de la abogada Marivel García López, en el auditorio “Juan Luis Alegría Hidalgo” de la sede principal de la Corte.

El titular del Distrito Judicial expresó que objetivo brindar los conocimientos en materia jurisdiccional teóricos y prácticos, específicamente en las materias de derecho penal, derecho notarial, derecho civil, conciliación, violencia familiar, alimentos, ética e integridad; con la finalidad de mejorar la calidad del servicio que brindan los jueces y juezas de paz.

Agradeció a los expositores de esta primera fecha inaugural Dr. Juan Pizarro Talledo y Francés Garrido Villegas ambos docentes de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo – Campus Piura, así como a los otros ponentes como el Dr. Raúl Castro Quintana de la facultad de Derecho de la UNP y los magistrados, jefe de la ODANC – Sullana Luciano Castillo Gutiérrez, Rolando Sicha Navarro, Víctor Araico Chávez y la jueza Soledad Reyes Criollo que darán sus clases todos los sábados de 8:00 am a 12:00 m.

El docente de la UCV Juan Pizarro se refirió antes de desarrollar el módulo de derecho penal, a los métodos de control social, que hacen uso los jueces de paz de manera informal (de acuerdo a su leal saber y entender) y disponen para que se adopten las pautas de comportamiento interno y externo y los valores considerados necesarios o convenientes. El derecho penal interviene cuando la sujeción es coactiva, de acuerdo expreso en un reglamento.

Por su parte el docente Frances Garrido destacó la función notarial que cumplen los jueces de paz en lugares donde no hay notarios reconocidos como tal. El notario va a dotar de certeza y seguridad jurídica a los hechos e instrumentos públicos a ciertos actos o contratos que se llevan a efecto ante él y la subsecuente de documentos o valores.