Aborto terapéutico en tiempos de COVID-19
Las necesidades de atención vinculadas a la salud sexual y reproductiva (SSR) de las mujeres no se han detenido durante la pandemia del coronavirus.
La falta de acceso a servicios esenciales, tales como la provisión de métodos anticonceptivos, el abastecimiento de medicamentos para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, VIH y sida, o la asistencia médica antes, durante y después del parto, pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres en todo el planeta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que, si solo se reducen en 10% los servicios indispensables de SSR, esto ocasionaría 15 millones de embarazos no deseados adicionales y 3.3 millones de abortos inseguros extra en el próximo año. En nuestro país, en los primeros meses de la cuarentena se redujo la atención a gestantes y se incrementaron los partos domiciliarios y las muertes maternas. Queda clara entonces la importancia de garantizar la disponibilidad y continuidad de estos servicios durante la pandemia, tal y como lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución 01/2020.
Aborto terapéutico para no morir
Uno de los servicios de salud sexual y reproductiva más importantes es el aborto terapéutico, el cual se realiza cuando la vida o salud de la gestante se encuentra en peligro. “El aborto terapéutico es un procedimiento legal en el Perú desde 1924 y es la única causal exenta de sanción penal en el país, según lo estipulado en el artículo 119 del Código Penal”, precisa Edith Arenaza, abogada.
Restringir el acceso al aborto terapéutico ocasiona graves daños a la salud física, psicológica, social y económica de la mujer afectada, y puede llevarla a la muerte. Los efectos de este maltrato fueron sentidos por K.L. y L.C., dos menores de edad a las que les fue negada la realización de un aborto terapéutico en hospitales públicos y que denunciaron al Estado peruano ante Comités de las Naciones Unidas (DD.HH. y CEDAW, respectivamente).
Los Comités dictaminaron que el Estado fue negligente al negarles el derecho a recibir este servicio de manera oportuna y solicitaron que se establezca un marcó jurídico apropiado. En cumplimiento de estos dictámenes, el 2014 aprobó la Guía Técnica Nacional que estandariza el procedimiento de atención integral en caso de aborto terapéutico. Sin embargo, un nuevo conflicto empezaría.
Una larga lucha
Ese mismo año, la ONG Ala Sin Componenda inició un proceso de acción de amparo contra el Ministerio de Salud (MINSA), con el objetivo de evitar la difusión e implementación de la Guía Técnica Nacional. Esta demanda fue declarada infundada en primera instancia en julio del 2019. El Primer Juzgado Constitucional tomó en cuenta jurisprudencia vinculante nacional e internacional y consideró que la guía que regula el aborto terapéutico es una medida “idónea y necesaria para garantizar la propia existencia física y en condiciones dignas de las madres gestantes”.
Ante la apelación de la ONG católica, la Cuarta Sala Civil emitió una sentencia en enero del 2020 que declaró improcedente la demanda de amparo. “Ir en contra de la implementación y difusión de la guía es un atentado contra el derecho a la vida y a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes. Ninguna niña debe ser víctima mortal por un embarazo no deseado” afirmó Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex.
El pasado 4 de septiembre, el proceso de amparo quedó archivado definitivamente, lo que representa una victoria jurídica dentro de esta larga batalla con grupos antiderechos que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ahora le corresponde al Ministerio de Salud cumplir con la implementación de la Guía como parte de la política del estado en los establecimientos de salud del país.
Negar el aborto terapéutico es un acto de crueldad
Susana Chávez
Directora ejecutiva de Promsex
Hace casi 100 años, y al igual que otros países de la región, el Estado peruano incluyó en su legislación el aborto no punible por razones de salud. Desde entonces, aun con las desigualdades de género existentes, no era admisible sacrificar la salud y la vida de una mujer por un supuesto beneficio a otro/a.
Garantizar el acceso a anticonceptivos y al aborto seguro resulta primordial para impedir embarazos no deseados que pueden causar graves secuelas o fallecimientos. No existe ninguna razón para que las mujeres sean sometidas a estos riesgos, sobre todo cuando no están de acuerdo con seguir con la gestación. Esto es algo que lamentablemente aún ocurre en nuestro país, cuando un médico o funcionario, en vez de proteger la vida de las mujeres, decide que sean ellas las sacrificadas.
No sabemos cuáles son los impactos de haber impuesto embarazos forzados a las mujeres debido a la pandemia. Negar el acceso al aborto terapéutico es un acto de crueldad porque la tecnología existe, es de muy bajo costo y ofrece mucho menos riesgo que un parto. Estos servicios no deberían dejar de proveerse nunca, porque su necesidad y urgencia no entiende de cuarentenas.
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