Gobierno de Rodrigo Paz Pereira prolonga congelar el precio de los combustibles por seis meses más en Bolivia

El presidente boliviano Rodrigo Paz determinó mantener congelados los precios de los carburantes por un periodo adicional de seis meses. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo 5652, llega como respuesta directa a las intensas protestas y bloqueos de carreteras que sacudieron a la nación durante los meses de mayo y junio.

Esta nueva norma modifica un dictamen previo y extiende la tregua en los precios hasta el próximo 12 de enero del 2027. "Ya teníamos un decreto que había congelado los precios, lo que se ha hecho es modificarlo para que se amplíe por otros seis meses más", puntualizó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, durante una conferencia de prensa en la que detalló los alcances del ajuste legal.

Con la aplicación del nuevo decreto, las tarifas en las estaciones de servicio no sufrirán variaciones durante el próximo semestre. El precio del litro de gasolina especial se mantendrá fijo en 6,96 bolivianos (aproximadamente 0,71 dólares), mientras que el diésel continuará comercializándose a 9,80 bolivianos (algo más de un dólar).

La medida también abarca al gas natural vehicular (GNV), al gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico y a las gasolinas de aviación.

El origen de este conflicto se remonta a diciembre del 2025, cuando el Ejecutivo eliminó casi en un 100% el histórico subsidio a los hidrocarburos. Aquella decisión formaba parte de un plan de choque anticrisis que buscaba aliviar las arcas fiscales y establecer un esquema de revisión de precios cada seis meses. Sin embargo, el impacto inflacionario desató una ola de descontento social.

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El fantasma de la falta de divisas y el nuevo cálculo possubvención

El fondo del problema radica en el modelo energético del país andino. Bolivia sostuvo una política de subvención de combustibles durante cerca de dos décadas, lo que derivó en un gasto masivo de divisas.

Al ser una nación importadora de carburantes, la economía sufre las consecuencias de la escasez de dólares en el mercado local y la merma de sus reservas internacionales. Mientras se intenta regularizar el suministro en el país, el vocero Gálvez aseguró que la prórroga busca aislar a la población de la fluctuación del dólar mientras se estudia una reestructuración energética profunda.

No obstante, el Decreto Supremo 5652 ya dibuja el escenario para cuando termine este periodo de gracia. A partir de enero, Bolivia adoptará un sistema flexible indexado al precio internacional y al valor promedio del dólar.

Para amortiguar el golpe, el Gobierno implementará una fórmula matemática con un "factor de ajuste" (fijado en 10,4003). Esto implica que el Estado volverá a intervenir y absorberá parte de los costos únicamente si el dólar oficial supera la barrera de los 10,40 bolivianos.

Para sostener este esquema de transición, la norma autoriza al Ministerio de Economía a transferir de forma inmediata hasta 1.000 millones de bolivianos a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir la diferencia entre el costo de importación y el de venta local.

La prórroga no ha estado exenta de cuestionamientos técnicos. El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, criticó abiertamente el decreto y lo tachó de ser una decisión estrictamente "política".

Según el experto, congelar los precios de manera artificial obliga al Estado a seguir asumiendo un costo de adquisición mucho más alto que el valor real al que se vende al consumidor final, lo que extiende la presión financiera sobre una economía ya debilitada por la falta de liquidez.