
El Gobierno de Gustavo Petro rompió sus relaciones con el Banco de la República y lo acusa de intentar “matar la economía” del país ante el aumento de las tasas de interés al 11,25% el 31 de marzo. La administración anunció su retiro de la junta directiva del ente independiente, según lo confirmó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, quien a su vez criticó la elevación, calificándola de una acción “irresponsable”.
De manera pública, el funcionario indicó que no asistirá a próximas sesiones, pese a que esto se presenta como una acción inconstitucional, pues la ley exige su presencia, y podría derivar en sanciones de gravedad. La normativa tiene por finalidad asegurar la coordinación entre la política monetaria y la dirección económica.
La acción de confrontación se produce a dos meses de las elecciones presidenciales, las cuales vienen siendo lideradas por el candidato favorito del mandatario. Las últimas encuestas posicionan a Iván Cespedes con un 37,5% de intención de voto, según la encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo.
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Cabe indicar que el Banco Central está facultado por la Constitución para elevar el interés del crédito si lo cree conveniente, esto bajo la finalidad de controlar la inflación en el país. Pese a esta regulación, Petro acusó que lo que se busca es el aumento de “las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros”.
El año pasado, el PIB de Colombia creció un 2,6%, pero expertos advierten que el presidente dejará a la nación con un alto déficit fiscal debido al incremento del gasto público y la elevada inversión en programas sociales.
De cara a su último año en el poder, el líder de izquierda decretó una histórica subida del 23,7% en el salario mínimo para 2026, una medida que, según analistas, podría generar presiones inflacionarias adicionales en la economía de la nación.
La ausencia de Ávila en las reuniones de la junta directiva del Banco de la República desencadenaría consecuencias graves. Según Gerardo Hernández Correa, excodirector y exsecretario del grupo, esta situación es “absolutamente inédita”.
Explicó para El País que el artículo 35 de los estatutos estipula que, sin la presencia del ministro de Hacienda, no se pueden tomar decisiones. Bajo este contexto particular de un ciclo de alzas en las tasas de interés, que son fundamentales para controlar la inflación que lleva más de cinco años fuera de la meta del 3%, la falta podría paralizar las funciones.
Cabe indicar que el calendario aún incluye tres determinaciones de política monetaria que se deben tomar antes de que termine el mandato de Petro.





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