
Mientras que los ataques de Israel contra Gaza ya deja más de 58.000 muertos, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha propuesto agrupar a la población gazatí en una cerrada "ciudad humanitaria" al sur de la Franja. El proyecto, que ha sido comparado con un campo de concentración, fue presentado el 7 de julio por el ministro de Defensa, Isreal Katz, quien asegura que la zona albergaría unas 60.000 personas y estaría equipado con puntos de distribución de ayuda humanitaria.
Según Katz, se espera reubicar a toda la población de Gaza, compuesta por 2 millones de personas, quienes, una vez admitidas, no podrán salir de dicho espacio. Además, aseguró que las autoridades israelíes serán las encargadas de autorizar el ingreso de las personas, ya que, según señalaron, deben corroborar que no estén afiliadas a Hamás.
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El proyecto del gobierno israelí para establecer una "ciudad humanitaria" en Gaza provocó un fuerte rechazo tanto dentro como fuera del país. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) lo comparó directamente con un “campo de concentración”, y advirtió sobre las actuales condiciones de desplazamiento forzado y hacinamiento que deben vivir los gazatíes. Desde el Reino Unido, el ministro para Oriente Medio, Hamish Falconer, se declaró “consternado” por la iniciativa y subrayó que los civiles palestinos “deben poder volver a sus hogares".
En Israel, el plan también generó divisiones internas. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, expresó que el proyecto desvía la atención de los dos principales objetivos de la guerra: eliminar a Hamás y liberar a los rehenes. Altos mandos militares lo calificaron como una “ciudad inmensa de carpas” sin viabilidad estratégica, y alertaron del riesgo de que Israel termine reocupando un enclave del que se retiró en 2005.
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El plan israelí para construir una “ciudad humanitaria” en Gaza conllevaría un elevado costo, el cual se estima será entre 10.000 y 20.000 millones de séqueles (3.000 a 6.000 millones de dólares). El jefe de la oposición, Yair Lapid, cuestionó que el gobierno destine esa suma en medio de la guerra: “Antes que sacar el dinero de la clase media, Netanyahu debería traer de vuelta a los rehenes y poner fin al conflicto”, afirmó en X.
La propuesta, impulsada por ministros de extrema derecha aliados de Netanyahu, también enfrenta críticas jurídicas. Un grupo de expertos en derecho internacional advirtió al gobierno que el plan podría considerarse un crimen de guerra al implicar un posible desplazamiento forzado de la población palestina. La Cancillería palestina, por su parte, calificó la iniciativa de “no humanitaria” y alertó que se trata de un intento encubierto de expulsión.

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