
Un grupo de migrantes indocumentados, entre ellos dos cubanos y un mexicano, ha sido deportado por Estados Unidos a Sudán del Sur, generando sorpresa y preocupación. Este hecho ha puesto de relieve las complejidades del sistema migratorio y las decisiones de deportación en el contexto actual.
Los tres latinoamericanos forman parte de un grupo de ocho migrantes que fueron enviados a la nación africana esta semana. La situación ha suscitado interrogantes sobre cómo estos individuos terminaron en un país con el que no tienen vínculos evidentes y las implicaciones de tal deportación.
Las deportaciones a Sudán del Sur son inusuales, lo que ha llevado a la comunidad migrante a cuestionar las políticas de inmigración de Estados Unidos. Este caso resalta la necesidad de un análisis más profundo sobre las decisiones que llevan a la deportación de personas a lugares donde su seguridad y bienestar pueden estar en riesgo.
Desde su independencia de Sudán en 2011, Sudán del Sur ha enfrentado múltiples episodios de violencia, marcados por conflictos internos y tensiones étnicas que han afectado gravemente la estabilidad del país.
El juez federal de Massachusetts, Brian E. Murphy, afirmó este miércoles que la reciente deportación de un grupo de inmigrantes contravino una orden judicial emitida por él el mes pasado. Dicha resolución prohibía expulsiones hacia terceros países sin que las personas afectadas pudieran antes presentar objeciones o demostrar que su vida corría peligro.
La declaración del magistrado se conoció durante una audiencia en la Corte del Distrito de Boston, donde se evaluaba un recurso de emergencia presentado por abogados de los deportados al continente africano.
En abril, Murphy estableció que debía otorgarse "una oportunidad significativa" a quienes enfrentaran órdenes de expulsión para argumentar un riesgo inminente. Sin embargo, en este caso, sostuvo que a los afectados se les concedió menos de 24 horas para ejercer su defensa.
Desde el Gobierno, la subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin, calificó la decisión del juez como “absolutamente absurda” y consideró que esta intenta interferir en la política exterior y de seguridad nacional. Además, sostuvo que “ningún país del mundo quería aceptarlos debido a sus crímenes tan singularmente monstruosos y bárbaros”.
Hasta el momento, ni las autoridades de México ni las de Cuba se han pronunciado públicamente sobre el caso.
Los dos cubanos y el mexicano, cuyos nombres no han sido revelados, se encontraban en Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, su situación se complicó al ser detenidos por las autoridades migratorias. La falta de información sobre su estatus migratorio y las razones específicas de su deportación han generado un clima de incertidumbre.

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