
El diario The Washington Post reveló el martes 6 de mayo que Estados Unidos solicitó a Ucrania aceptar vuelos con migrantes deportados desde terceros países, a pesar de que el país se encuentra inmersa en un conflicto militar con Rusia. La solicitud fue transmitida por un alto funcionario estadounidense y refleja el afán de gobierno del presidente Donald Trump por intensificar las expulsiones de personas extranjeras.
Esta medida forma parte de la política de Trump para frenar la inmigración ilegal y disminuir la cantidad de indocumentados en su territorio. Aunque no se conoce una respuesta oficial del Gobierno ucraniano, el medio estadounidense señaló que no existen indicios de que las autoridades de más alto nivel en Kiev hayan llegado a evaluar seriamente la propuesta.
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El presidente Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur para desplegar militares con el objetivo de controlar la migración y deportar a los migrantes y cárteles del narcotráfico. Entre las medidas implementadas se encuentra la reactivación del programa "Quédate en México", que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos. Además, se busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular.
El presupuesto propuesto asigna más de un billón de dólares al Departamento de Defensa y 62,400 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional, con fuertes inversiones en infraestructura fronteriza y personal migratorio. También se propone una tarifa de US$1,000 para solicitar asilo, una medida que ha sido criticada por expertos en derechos humanos.
En los primeros cien días de su segundo mandato, Trump propuso un presupuesto para 2026 que contempla una reducción del 23% en el gasto discrecional no relacionado con la defensa. Este recorte afecta programas sociales esenciales, incluyendo atención infantil, salud, energías renovables y cooperación internacional.
El plan también prevé una disminución significativa del presupuesto del Servicio de Impuestos Internos y la eliminación de subvenciones a programas de diversidad en educación. Estas medidas fueron criticadas por los demócratas, quienes argumentan que perjudican a los trabajadores y favorecen a los multimillonarios, además de aumentar los impuestos para la clase media mediante nuevos aranceles.
En línea con su estrategia de reindustrialización, el presidente Trump anunció la imposición de aranceles a productos farmacéuticos para forzar a las empresas del sector a relocalizar su producción en EE. UU. Además, firmó una orden ejecutiva para agilizar los permisos de construcción de instalaciones farmacéuticas, incluyendo autorizaciones medioambientales, buscando así fortalecer la manufactura nacional de medicamentos y sus componentes.
El plan presupuestario también contempla la imposición de tarifas más altas sobre importaciones de todos los países, particularmente de China, con aranceles del 60% sobre este país, del 100% sobre México y del 20% sobre todos los demás países. Estas medidas buscan proteger el empleo y la industria estadounidense, aunque fueron calificadas por economistas de la Tax Foundation como "matemáticamente imposibles" de reemplazar los impuestos sobre la renta con ingresos provenientes de aranceles.

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