
Un bebé nacido mediante gestación subrogada en Córdoba, Argentina, quedó en situación de abandono luego de que su madre biológica, una ciudadana francesa, no lo reconociera tras su nacimiento prematuro en noviembre de 2024. La mujer, que había contratado a una mujer argentina a través de una agencia de subrogación, nunca viajó al país y cortó todo contacto con la clínica y los intermediarios tras enterarse de que el recién nacido tenía problemas de salud.
El caso ha puesto en evidencia el vacío legal en Argentina respecto a la gestación por sustitución y llevó a la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF). Según medios locales, el bebé quedó al resguardo de una familia de acogimiento, mientras la Justicia Federal investiga si la gestante fue víctima de explotación y si existió trata de personas en el proceso.
Según informó Infobae, el parto del bebé debía realizarse en Buenos Aires, en una clínica previamente establecida, pero una complicación médica adelantó el nacimiento en un hospital de Villa Allende, Córdoba. La gestante informó al equipo médico que no era la madre del niño y que la progenitora, residente en Francia, era la responsable legal del menor. Sin embargo, la mujer nunca se presentó y no hubo comunicación alguna con la agencia que había gestionado el acuerdo.
Tras su nacimiento prematuro, el bebé permaneció internado en neonatología hasta enero de 2025. La gestante, aunque lo visitó en varias ocasiones e intento quedárselo, no pudo hacerse cargo. Ante la falta de reclamo de la madre biológica, el niño quedó al resguardo de una familia de acogimiento con fines de adopción. La fiscalía federal, a cargo de Enrique Senestrari, inició una investigación para determinar si hubo explotación de mujeres o incluso trata de personas en el acuerdo de subrogación.
El caso del bebé abandonado en Córdoba es parte de una amplia investigación en Argentina sobre la posible explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad. Actualmente, hay 49 causas abiertas en las que se analizan contratos con cláusulas abusivas y acuerdos que dejaban a las gestantes en desventaja frente a los padres intencionales.
. Ante las denuncias, la justicia realizó allanamientos en agencias y clínicas de fertilización asistida, donde se incautaron contratos, dispositivos electrónicos y dinero destinado a los pagos de las gestantes. Se investiga si en estos casos hubo trata de personas, especialmente cuando las mujeres aceptaban los acuerdos por necesidad económica.

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