¿Oportunidad laboral en Colombia?: venezolanos podrían obtener visa de trabajo tras decisión de Corte Constitucional

La Corte Constitucional de Colombia ha establecido una orden al Ministerio de Relaciones Exteriores para que publique una guía detallada dirigida a los migrantes venezolanos en condición de refugiados. Este documento tiene como propósito brindarles información clara y precisa sobre cómo acceder a una visa temporal que les permita trabajar legalmente mientras se tramita su solicitud de refugio.

En una decisión reciente, la Corte Constitucional de Colombia ordenó a Migración Colombia abstenerse de instar a los migrantes a desistir del salvoconducto SC-2, un documento clave para gestionar el Permiso de Protección Temporal (PPT).

Este fallo, emitido como respuesta a una tutela presentada por dos migrantes venezolanos, María y Arturo, también destacó las fallas del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migración Colombia en el manejo de las solicitudes de información relacionadas con el caso.

El caso de los venezolanos María y Arturo

Según los demandantes, la falta de respuesta por parte de las autoridades les impidió acceder a empleos formales en Colombia, ya que el salvoconducto SC-2 no les permitía inscribirse en el Registro Único de Trabajadores Extranjeros (RUTEC) del Ministerio del Trabajo.

En su decisión, el tribunal enfatizó que, aunque el salvoconducto SC-2 y el Permiso por Protección Temporal (PPT) no pueden utilizarse simultáneamente, esta restricción no debe convertirse en un obstáculo administrativo que limite a los migrantes el acceso a los derechos y beneficios que les corresponden.

Según lo indicado por la Corte, esta limitación no solo representa una vulneración del derecho al debido proceso, sino que también impacta de manera desproporcionada a los migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Estos, al enfrentarse a la presión de tener que elegir entre continuar con su solicitud de refugio o acceder al PPT, terminan viéndose forzados a abandonar sus aspiraciones de refugio.

¿Qué implica esta decisión?

La medida busca garantizar los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos, quienes enfrentan múltiples barreras legales y sociales en su proceso de integración en Colombia. Con la publicación de esta guía, se espera que:

• Acceso a empleo formal: Los migrantes podrán trabajar de manera legal, lo que les permitirá sustentar sus necesidades básicas mientras regularizan su situación migratoria.
• Información accesible: Se ofrecerán instrucciones claras sobre los pasos a seguir, requisitos necesarios y entidades encargadas del proceso.
• Protección de derechos humanos: Se reducirá la vulnerabilidad de esta población, promoviendo una inclusión social más efectiva.

Orden de la Corte a Migración

Se ha ordenado a Migración Colombia consultar a los solicitantes de refugio si desean continuar con sus solicitudes, tras verificar que en algunos casos los desistimientos no fueron realizados de manera voluntaria. Esta decisión tiene como objetivo proteger los derechos de los migrantes y refugiados, asegurando que tengan plena información y libertad para decidir sobre la continuación de sus trámites.

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Impacto de la medida

Esta orden de la Corte refuerza la protección de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente migrantes que solicitan refugio en Colombia. Además, busca garantizar un proceso transparente, donde los solicitantes tengan acceso a información completa y decisiones autónomas.

Migración Colombia deberá implementar mecanismos para cumplir con esta orden, lo que incluye capacitación al personal y mejoras en los protocolos de atención a los solicitantes de refugio.

Cancillería debe establecer hoja de ruta

La Cancillería tiene la responsabilidad de emitir, en un plazo razonable, una hoja de ruta que permita a los migrantes venezolanos entender con precisión los pasos necesarios para acceder a una visa de trabajo legal mientras se procesan sus solicitudes de refugio o el Permiso por Protección Temporal (PPT).

Este proceso es crucial para garantizar que los migrantes puedan regularizar su situación laboral y acceder a oportunidades legales en el país. Una comunicación clara y oportuna por parte de las autoridades no solo facilita la inclusión social y económica de los migrantes, sino que también contribuye a reducir la informalidad y los riesgos de explotación laboral.