Al menos 18 personas han muerto en medio de una peligrosa ola de homicidios que azota la Región Metropolitana de Santiago, en Chile. La compleja situación ha llevado a que las autoridades decreten estado de sitio y reorganicen el plan de seguridad debido a que, según señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá, su lucha contra la criminalidad “no ha tenido el mismo efecto” que en otras zonas.
Aunque Chile se ha caracterizado por ser una nación segura, durante los últimos años se han incrementado los crímenes violentos y la presencia de bandas como el Tren de Aragua. Según cifras de la Subsecretaria de Prevención del Delito, entre 2014 a 2023 los homicidios aumentaron en un 60%.
Los recientes asesinatos se realizaron durante fiestas en las que también se encontraba menores de edad. Por ello, el presidente Gabriel Boric señaló que desde el Estado de Chile "no vamos a permitir que el crimen organizado nos gane la batalla".
La ministra Carolina Tohá anunció desde Casa de la Moneda las nuevas medidas de seguridad en Chile. Foto: CNN Chile
El plan del gobierno chileno para enfrentar la ola de homicidios en la Región Metropolitana se basa en cinco acciones clave. Primero, se formará una fuerza conjunta de Carabineros y la PDI para realizar operativos en sectores críticos y desarticular bandas delictivas. Segundo, se reforzarán las dotaciones policiales en las zonas más afectadas, con el objetivo de aumentar la presencia y respuesta rápida de las fuerzas de seguridad.
En tercer lugar, se implementarán medidas estrictas para el control de armamento, incluyendo operativos para retirar armas ilegales de las calles y prevenir su distribución. La cuarta acción contempla la aceleración de una nueva etapa de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, con más recursos y mejor coordinación entre instituciones para la investigación y persecución de crímenes.
Finalmente, se fortalecerá la colaboración entre las distintas instituciones del Estado y la comunidad, promoviendo la denuncia ciudadana y la participación activa en la prevención del delito. Estas acciones buscan abordar de manera integral la crisis de seguridad y reducir los índices de homicidios en la región.
El estado de sitio es una medida de emergencia prevista en la Constitución de Chile para situaciones de guerra interna o grave conmoción pública. Se utiliza cuando la seguridad del país o la tranquilidad pública se ven seriamente amenazadas, permitiendo al gobierno tomar acciones extraordinarias para mantener el orden.
Bajo el estado de sitio, se restringen ciertos derechos fundamentales, incluyendo la libertad de locomoción y reunión. Esto significa que las personas pueden ser limitadas en su capacidad para moverse libremente y congregarse en grupos, con el fin de controlar mejor la situación de crisis.
La implementación del estado de sitio debe ser aprobada por el Congreso Nacional y tiene una duración inicial de 15 días, aunque puede ser prorrogado si las circunstancias lo requieren. Durante este periodo, las autoridades pueden actuar con mayor rapidez y eficacia para abordar la amenaza, utilizando medidas que en tiempos normales estarían restringidas.
Esta medida también permite la intervención más directa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y orden público. El objetivo principal es restaurar la normalidad y proteger a la población, aunque implica un equilibrio delicado entre la seguridad y las libertades individuales.