
Más de 13 millones de ciudadanos están llamados a participar en la consulta popular en Ecuador, la cual fue anunciada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa el sábado 10 de febrero. Estos comicios surgen luego de que el Ejecutivo recibió el aval de la Corte Constitucional, la cual estableció que se realicen 10 preguntas en torno a reformas legales y de enmienda sobre temas como la seguridad, justicia, inversión y empleo.
La consulta popular surge, en su mayoría, debido a la crisis de inseguridad que Ecuador vive, azotado por los robos y el crimen organizado de peligrosas bandas como Las Águilas, Los Choneros y Los Tiguerones. La situación volvió a encrudecer el último 8 de febrero, cuando Diana Carnero, una joven concejala de Naranjal y destacada figura del partido Revolución Ciudadana, fue asesinada brutalmente por sicarios.
Ecuador es azotado por una grave crisis de inseguridad, la cual ha llevado a Noboa a tomar medidas como la participación de los militares en el resguardo de la ciudadanía. Foto: AFP
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Tras recibir la aprobación de la Corte Constitucional, el Gobierno de Daniel Noboa ya comunicó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que tendrá un plazo —desde el sábado 10 de febrero— de 15 días para anunciar la fecha de la consulta popular.
En este sentido, en declaraciones para el medio Primicias, José Cabrera, consejero del CNE, señaló que la consulta popular podría ser a finales de abril, si es que se tiene en cuenta los 60 días de plazo que señala la ley desde su convocatoria.
Ecuador decidirá sobre varias reformas a través de consulta popular, la cual es probable que se realice a finales de abril de 2024. Foto: AFP
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La consulta popular es aquel recurso que permite, a través de la participación ciudadana como la votación, consultar a la población sobre cierto tipo de temas. En este sentido, el abogado Jorge Alvear le explicó al medio El Universo que la consulta popular "atiende aquellos aspectos generales que le afectan a la ciudadanía, a nivel nacional".
Por otro lado, el referéndum es un proceso de votación en el que la ciudadanía decide sobre modificar o no un artículo de la Constitución en específico.

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