¿Cómo es la justicia en la era Bukele?: una llamada anónima puede enviar a 500 personas a prisión

Desde que el Gobierno de Nayib Bukele aprobó el régimen de excepción, delante o detrás de abogados, procuradores y fiscales, jueces y sus ayudantes hay decenas de arrestados que están ​​vestidos de blanco. Puede haber 500 personas detenidas a la vez y los tribunales ni siquiera les dan derecho a ser nombradas bajo el estado de derecho.

“Los abogados, el tribunal, los fiscales y procuradores nos constituimos en sala de audiencia, mientras que los indiciados están en otra sala desde los recintos penales, donde pueden estar en distintos centros penales conectados a la misma audiencia de forma virtual. Ellos no tienen el derecho ni siquiera a ser identificados y a veces solo se llaman por ‘equipo X’ porque ya ni siquiera importa individualizarlos, mucho menos les importa saber si verdaderamente están juzgando a personas inocentes o a criminales”, mencionó la abogada penalista salvadoreña Lucrecia Landaverde.

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El sistema judicial de El Salvador ha realizado audiencias masivas durante varios años, pero esta vez es una excepción. Las manifestaciones multitudinarias se han vuelto habituales desde el régimen de emergencia impuesto por el gobierno de Bukele en marzo de 2022, recortando las garantías constitucionales de protección nacional y el debido proceso.

Cientos de personas que están recluidas corren el riesgo de ser condenados sin pruebas, ya que se aprobaron una serie de reformas en el Congreso desde julio: una declaración de un testigo favorito o una simple llamada telefónica anónima podría condenarlos a todos sin lugar a protesta.

La abogada penalista Lucrecia Landaverde enfatizó que la reforma propuesta por Bukele y sus diputados “deroga” el derecho a la presunción de inocencia y simplifica el proceso penal en las cárceles de El Salvador. “Es justo el tiempo que los presos tienen que esperar para una audiencia en la corte”, acotó.

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“Ahora no es necesario ni siquiera que exista una denuncia materialmente incorporada al proceso, bastará que un soldado o policía diga que recibió una llamada anónima y esa acta policial hará plena prueba sin necesidad de ninguna otra prueba en contra de los capturados”, expresó la letrada.

“Se juzgarán en masa sin que tengan derecho a la defensa material ni técnica y mucho menos tendrán derecho a que se les individualice y se determine su responsabilidad penal porque de una vez serán condenados”, añadió.

La organización Cristosal considera que la gestión de Nayib Bukele, sus agentes y el sistema judicial que supervisa han recurrido a los juicios masivos porque les es imposible establecer la culpabilidad de todos los detenidos bajo la regla de emergencia. Según el ministro Gustavo Villatoro, todos son terroristas.

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“Según la constitución y los acuerdos internacionales, no existe una posibilidad real de procesar a las más de 71.479 personas capturadas, por lo que hay que cambiar la ley y dar la impresión de un ‘juicio justo’”, sostuvo Cristosal en su análisis.