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Misión de la UE culpa a Keiko Fujimori de retrasar investidura de Castillo y condena su táctica deslegitimadora

Un día antes de la investidura de Castillo, la Misión de la Unión Europea en Perú aludió que el fujimorismo “abusó del derecho al recurso como estrategia para deslegitimar el proceso electoral”.

larepublica.pe
Un día antes de la investidura de Castillo, la Misión de la Unión Europea en Perú aludió que el fujimorismo “abusó del derecho al recurso como estrategia para deslegitimar el proceso electoral”.

La misión de expertos electorales de la Unión Europea (UE) en Perú concluyó que las elecciones de 2021 fueron “en general creíbles e íntegras y de conformidad con los compromisos y obligaciones nacionales e internacionales que rigen los procesos democráticos”.

En el informe completo de la delegación, publicado este martes 27 de julio, un día antes de la investidura del presidente electo, Pedro Castillo, la UE destacó la labor y transparencia de los organismos electorales frente a las insistentes denuncias de fraude sin pruebas fehacientes realizadas por la candidata perdedora, Keiko Fujimori.

Para la misión de la UE, “el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) gestionaron unas elecciones bien organizadas pese a enfrentar acusaciones no probadas de falta de independencia, campañas de desprestigio sin precedentes y acoso a sus presidentes que perturbaron el proceso”.

Asimismo, el informe resaltó que la proclamación oficial de Castillo como presidente electo se retrasó por una cantidad sin precedentes de recursos de nulidad de votos presentados, en su mayoría por Fujimori, en zonas donde su rival había obtenido un apoyo abrumador.

En concreto, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) presentó más de un millar de recursos legales, todos rechazados por los jurados electorales, un proceso que les tomó 43 días y que retrasó la proclamación oficial de Castillo como ganador de los comicios.

La UE concluyó el que el se haya producido el anuncio final a solo nueve días del cambio presidencial “comprometió una transición fluida de poder a pocos días de la investidura presidencial prevista en la Constitución”.

En ese sentido, la misión electoral de expertos europeos consideró que “se abusó del derecho al recurso como estrategia para deslegitimar el proceso electoral, socavando al mismo tiempo la confianza de los ciudadanos en el JNE y en el resultado de las presidenciales”.

Foto: captura de Twitter/@ocram

En su cometido, la UE precisó que los jurados electorales “resolvieron de forma transparente todos los recursos de nulidad, pese a que la marcha de un miembro del JNE (Luis Arce), prohibida por ley en periodos electorales, dejó sin quórum al organismo varios días y puso el proceso al borde del descarrilamiento”.

Sobre el día de las elecciones, el informe concluyó que tanto la primera como la segunda vuelta “se desarrollaron en calma y sin que se registraran grandes irregularidades”, mientras que “en los centros de votación visitados se respetaron los procedimientos de recuento”.

Además, la misión tomó en cuenta que “ni la Defensoría del Pueblo ni la Fiscalía de la Nación, ni los observadores nacionales o internacionales informaron de ninguna irregularidad importante que modificara los resultados”.

“Radicalización extrema”

Respecto a la campaña electoral, el grupo de expertos en comicios determinó que “fue dura y alcanzó una radicalización y polarización extrema durante las semanas anteriores a la segunda vuelta presidencial”, unido a “una cobertura mediática desequilibrada”.

En el análisis de la labor de los medios de comunicación en la segunda vuelta entre Castillo y Keiko Fujimori, se destaca que “la cobertura de la mayoría de los medios privados fue claramente sesgada a favor de Fujimori y en detrimento Castillo, a menudo sin separar información de opinión, lo que socavó el derecho a recibir información veraz”.

Además de la UE, la legitimidad de las elecciones peruanas ha sido también refrendada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por Gobiernos como los de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que consideran al izquierdista Castillo como legítimo presidente de Perú.

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