El Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil ordenó este viernes el cese del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su gestión en medio de la la pandemia del coronavirus, según información de EFE.
El gobernador y otras ocho personas, entre las cuales están su esposa, Helena Witzel, y el presidente de la Asamblea Legislativa de Río, André Ceciliano, fueron denunciados de corrupción por la Fiscalía General de la Nación.
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El mandatario regional fue separado por seis meses. La justicia, además, ordenó la captura de 17 personas vinculadas con la red de corrupción, entre ellas, funcionarios públicos, políticos y empresarios.
La decisión fue del magistrado Bendito Goncalves y notificada al gobernador a las 06.20 hora local (09.20 GMT) en el Palacio de Laranjeiras, la residencia oficial del acusado, donde las autoridades también realizan los allanamientos para revelar el rol de la esposa.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, tras ser elegido como mandatario de Río, Witzel “estructuró una organización criminal dentro del gobierno regional”, la cual estaba dividida en tres grupos, que se disputaban el poder pagando sobornos a agentes públicos.
“Liderados por empresarios, estos grupos establecieron algunas de las principales carteras estatales, como la Secretaría de Salud, para implementar esquemas que beneficiarían a sus empresas”, señaló la entidad fiscalizadora en un comunicado.
El Gobernador habría utilizado la oficina de abogados de su esposa para recibir dinero malversado a través de cuatro contratos simulados por un valor aproximado de 500.000 reales (unos 91.000 dólares).
Según la Fiscalía, además de los desvíos en el poder ejecutivo, algunos diputados y miembros del poder judicial también podrían estar beneficiándose del dinero público.
El pasado 26 de mayo, la justicia ya había ordenado registrar la residencia del Gobernador y la oficina de su esposa por las irregularidades en el manejo de fondos públicos en la gestión para combatir la pandemia del coronavirus.
Tras los hechos, la Asamblea Legislativa de Río abrió un juicio político con fines de destitución contra Witzel, por las supuestas irregularidades durante la gestión de la crisis sanitaria.