
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial fue mínima. Según el informe difundido por Infobae, la jornada electoral del 2 de junio registró una estimación de afluencia que oscila entre el 12,57% y el 13,32% del padrón nacional. Este es uno los niveles más bajos en procesos de consulta o elección directa en México.
El informe del INE fue divulgado en una sesión del Consejo General la noche del domingo. La Consejera Electoral, Carla Humphrey, explicó que el dato estimado se obtuvo mediante un ejercicio estadístico validado por el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos. Humphrey aseguró que, si bien no se trató de un conteo rápido tradicional, el cálculo cumple con parámetros científicos y de transparencia.
El INE optó por no presentar conteos rápidos en esta elección debido a su naturaleza inédita. Al tratarse de una consulta popular para elegir a jueces y magistrados mediante voto directo, el instituto decidió aplicar un método alternativo basado en una muestra de actas. De acuerdo con la consejera Humphrey, “este procedimiento estadístico fue aprobado previamente y permite obtener una estimación confiable de la participación ciudadana en la elección Poder Judicial”.
A diferencia de las elecciones presidenciales u ordinarias, esta jornada no incluyó candidatos ni partidos políticos, lo que modificó los parámetros de análisis. El INE explicó que el objetivo fue garantizar la neutralidad y precisión de los datos sin utilizar mecanismos de proyección que no fueran avalados por el Comité Técnico Asesor.
La baja asistencia de votantes en México se relaciona con varios factores, entre ellos, la escasa difusión institucional, la complejidad del tema de la reforma judicial y la falta de identificación ciudadana con el proceso. Esta baja participación electoral ya había sido advertida por diversos organismos que analizan la opinión pública sobre elecciones judiciales.
La elección del domingo respondió a la reciente reforma judicial en México, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso, que establece que los ministros, magistrados y jueces deben ser elegidos por voto popular. El ejercicio del 2 de junio marcó el primer proceso en el que los ciudadanos pudieron emitir su opinión sobre esta modificación, en un formato cercano a una consulta nacional.
Aunque no fue técnicamente una consulta vinculante, el evento electoral buscó medir el respaldo ciudadano a la elección directa de los integrantes del Poder Judicial. Este tipo de mecanismos forman parte de una tendencia hacia la democracia participativa en México, pero el bajo interés manifestado en las urnas abre interrogantes sobre la efectividad de este modelo.
Los resultados participación consulta judicial reflejan una limitada movilización del electorado. Especialistas han señalado que la ausencia de campañas informativas robustas y el desconocimiento general sobre el papel del Poder Judicial incidieron en la escasa afluencia. Esta situación evidencia los desafíos para lograr una elección jueces y magistrados México que cuente con legitimidad popular amplia.

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