
La inteligencia artificial (IA) ha transformado muchas áreas, pero también ha abierto la puerta a nuevas formas de violencia digital que afectan a miles de personas. En este contexto, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, alertó sobre la urgencia de legislar para proteger a las víctimas de estos ataques.
El debate se intensificó tras la sentencia a Diego N, caso que puso en evidencia cómo la tecnología puede usarse para difundir contenido ofensivo y dañino. La mandataria señaló que la manipulación de imágenes con IA con fines agredir la integridad de un tercero debe ser considerada delito para evitar que se normalice o quede impune.
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En su habitual conferencia matutina, Claudia Sheinbaum enfatizó la urgencia de establecer un marco legal que sancione la violencia digital generada a través de la manipulación de imágenes con herramientas de inteligencia artificial. Su postura surge después de la polémica condena a Diego N, quien fue señalado por difundir contenido ofensivo mediante IA en contra de alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
“Es impresionante la cantidad de noticias falsas que se genera como si fueran reales, esto es mucho más grave cuando se utiliza una imagen con contenidos sexuales para afectar a los ciudadanos, por lo que tiene que tipificarse en delito”, enfatizó la mandataria.
Debido al incremento de los casos, la jefa de gobierno destacó que está analizando la posibilidad de ampliar la Ley Olimpia, impulsada por Olimpia Corral Melo luego de ser víctima de difusión no consentida de material íntimo, para abarcar el mal uso de esta herramienta para cometer actos de violencia.
Diego N, exalumno del Instituto Politécnico Nacional, fue sentenciado el pasado 14 de mayo a cinco años de prisión en México tras ser acusado de manipular miles de imágenes mediante inteligencia artificial para crear contenido sexual falso y posteriormente comercializadas en línea. La mayoría de estas imágenes correspondían a víctimas menores de edad.
Este caso ha sido señalado como un precedente en la lucha contra la violencia digital en el país azteca, especialmente en el contexto de la Ley Olimpia, que penaliza la difusión no consensuada de contenido íntimo. A pesar de una sentencia absolutoria previa por falta de pruebas en un caso relacionado, la nueva condena refuerza la postura de las víctimas y destaca la necesidad de una legislación más robusta para enfrentar los delitos digitales.

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