
El 1 de junio de 2025 marcará un precedente en la historia democrática de México, al realizarse por primera vez una elección directa de integrantes del Poder Judicial. Esta medida forma parte de una reforma profunda que busca abrir la designación de jueces, magistrados y ministros a la voluntad popular.
Frente a este nuevo escenario, el Instituto Nacional Electoral (INE) asumirá un rol determinante en la supervisión de los perfiles de los candidatos. Para ello, recibió por parte del Senado los expedientes correspondientes a quienes fueron propuestos por el Legislativo y el Ejecutivo, aunque aún no cuenta con los del Poder Judicial.
De cara a las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025 en México, en las que por primera vez la ciudadanía elegirá directamente a jueces, magistrados y ministros federales, el INE implementará un proceso de revisión exhaustiva de los perfiles de los candidatos. La medida busca asegurar que quienes lleguen al Poder Judicial cumplan con los requisitos legales y no tengan antecedentes penales, estar señalados por violencia familiar o deudas alimentarias que comprometan su integridad o probidad.
La entrega de expedientes por parte del Senado al INE incluye a los aspirantes propuestos por los poderes Legislativo y Ejecutivo. Sin embargo, los candidatos del Poder Judicial no fueron incluidos en el paquete recibido, según explicó Gerardo Fernández Noroña, debido a que la Cámara Alta no tuvo acceso a dicha documentación.
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De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad legal de invalidar una elección si se demuestra que el candidato incumple con los requisitos desde el inicio del proceso. Esta acción se aplicaría incluso si el aspirante obtuvo la mayoría de votos.
Por su parte, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera mostró su apoyo a la medida resaltando la importancia de garantizar transparencia en las elecciones al tratarse de un hecho histórico para México. “La legitimidad del nuevo Poder Judicial exige claridad, certeza y legalidad en cada etapa del proceso”, comentó.
El INE estableció un plazo de tres días hábiles para que cualquier aspirante denunciado por posibles irregularidades, por ejemplo, no cumplir con el principio “8 de 8 contra la violencia”, pueda presentar pruebas y argumentos en su defensa. Para tal efecto, se puso en marcha un micrositio oficial donde ciudadanos y organizaciones civiles pueden cargar información documentada sobre los candidatos a jueces, magistrados y ministros.
Aunque los comités evaluadores de los tres poderes de México definieron las candidaturas, la consejera presidenta Guadalupe Taddei recalcó que el INE está obligado a aplicar la normativa con rigor y verificar la integridad de quienes buscan integrarse al Poder Judicial.

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