
La jueza del Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dra. Soledad Bellido Angulo, realizó una visita inopinada al penal de varones de Socabaya con el propósito de verificar las condiciones carcelarias del recinto, en atención a los procesos de hábeas corpus presentados por cinco internos.
Esta diligencia se realizó en estricta atención a diversas acciones de hábeas corpus que se tramitan ante el Primer y Segundo Juzgado Constitucional, las cuales han sido instauradas con el fin de tutelar los derechos fundamentales de los internos. El enfoque principal de dichos procesos recae en el derecho a la salud de los beneficiarios, analizado en relación directa con las deficientes condiciones carcelarias en las que cumplen sus condenas.
Durante la inspección, se deja constancia de que la crisis de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria ha alcanzado niveles críticos, superando la capacidad de albergue en más del 180% a nivel nacional. Esta situación configura un escenario de vulneración sistemática de la dignidad humana, donde la falta de espacio físico impide el acceso a servicios básicos de salud, higiene y custodia adecuada, desnaturalizando así los fines de la resocialización de la pena.
Es pertinente precisar que este diagnóstico fue reconocido por el Tribunal Constitucional en el año 2020, mediante la sentencia STC 05436-2014-PHC que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional respecto al hacinamiento crítico de los establecimientos penitenciarios. En dicho pronunciamiento, el supremo intérprete de la Constitución advirtió que la persistencia de estas condiciones constituye una violación masiva de derechos, otorgando un plazo para su mitigación que venció el 5 de mayo del 2025.
No obstante, pese al vencimiento del plazo otorgado por el Tribunal Constitucional, se constata una omisión estatal persistente en la ejecución de políticas públicas integrales que reviertan la crisis penitenciaria. La carencia de acciones concretas en infraestructura, servicios de salud y reformas de despenalización técnica evidencia una desatención institucional que perpetúa la vulnerabilidad de los internos, configurando una situación de desprotección.
La jueza Soledad Bellido Angulo informó que en los próximos días emitirá sentencia en los procesos que tramita su despacho, considerando que ya cuenta con los elementos necesarios para adoptar una decisión. En estas demandas de hábeas corpus se ha emplazado a las máximas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).





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