Aborto podría ser despenalizado en Haití tras 185 años de prohibición

El aborto podría ser despenalizado en Haití, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, luego de las modificaciones realizadas en el código penal del país latinoamericano.

La ministra de la Condición Femenina, Marie Giselhaine Mompremier, defendió el nuevo texto, el cual aún puede ser derogado por el parlamento antes de entrar en vigor en un plazo de dos años.

“Tomen el caso de una persona o de un grupo de personas que viola a una mujer. Ella no conoce a sus violadores y queda embarazada: debe poder elegir entre conservar al niño o abortar”, declaró la titular a diferentes medios de comunicación, de acuerdo a la agencia AFP.

Existen tres causales en las que se permitiría el aborto. “No hay infracción si el embarazo es producto de una violación, incesto o cuando la salud física o mental de la mujer está en juego”, detalla la norma.

Tras una larga lucha de organizaciones feministas, el derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra “implícitamente reconocido en el nuevo código penal”, el cual también especifica las sanciones a aplicar en caso no se practique en las condiciones que se indican.

El texto señala que “todo aborto deberá ser llevado a cabo con el consentimiento de la mujer, en una estructura médica y durante las 12 primeras semanas de embarazo”. La pena por no cumplir estas especificaciones oscila entre cinco y siete años de cárcel y multas de entre 50.000 y 100.000 gourdes (de 430 a 860 dólares).

Los críticos del proyecto, entre ellos fuerzas conservadoras y religiosas, pretenden excluir esta decisión. Actualmente, el aborto es completamente ilegal en Haití —junto a El Salvador y Nicaragua—, y se puede sentenciar a quien ejecute este procedimiento o a la solicitante con hasta 30 años de cárcel.

AFP señala que, aun con sanciones, estas prácticas son frecuentes, y es la condición clandestina la que puede provocar graves problemas de salud a las mujeres e incluso la muerte.

El nuevo código penal fue decretado por el presidente Jovenel Moïse, elaborado durante las dos últimas décadas con el fin de “modernizar el sistema de justicia”, regulado por un código penal que no se modifica desde 1835.