La reciente victoria electoral de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos generó preocupación entre millones de inmigrantes. El presidente electo anunció un plan radical para implementar deportaciones masivas mediante una combinación de medidas legales, militares y administrativas. Con la declaración de una emergencia nacional, Trump busca movilizar recursos del ejército para llevar a cabo este ambicioso objetivo, que promete marcar una nueva etapa en la política migratoria del país norteamericano.
Esta iniciativa incluirá la implementación de medidas controversiales, como la creación de centros de detención y la expulsión de familias completas, incluidas aquellas con niños nacidos en Estados Unidos. Expertos advierten que este movimiento podría afectar a inmigrantes legales y beneficiarios de programas como el DACA.
Asimismo, el nombramiento de Tom Homan como "zar de la frontera" refleja la dirección que tomará este proyecto. Homan, quien asumió como director de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), supervisará las acciones que buscan cumplir el objetivo de Trump: reducir drásticamente la inmigración ilegal. Las medidas, además de controversiales, han sido calificadas por organizaciones de derechos humanos como discriminatorias y alarmantes por su potencial impacto en comunidades vulnerables.
El nombramiento de Tom Homan como "zar de la frontera" refuerza el compromiso de la nueva administración de Donald Trump con una política migratoria de mano dura. Foto: composición LR
Donald Trump confirmó que recurrirá a la declaración de emergencia nacional para acelerar las deportaciones masivas en Estados Unidos y movilizar recursos militares en la lucha contra la inmigración ilegal. Según informes, la Guardia Nacional será clave en esta estrategia, pero si no logra cumplir con los objetivos planteados, el republicano ha dejado claro que utilizará tropas federales. Este enfoque permitiría redirigir fondos del Pentágono para financiar centros de detención masiva, conocidos como "prisiones de condado", destinados a albergar inmigrantes mientras se procesan sus deportaciones.
El plan también incluye una orden ejecutiva que hará obligatoria la detención de inmigrantes indocumentados, una medida que busca superar limitaciones presupuestarias previas. Adicionalmente, la administración de Trump evalúa reactivar antiguas leyes, como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para justificar la expulsión de personas provenientes de países considerados "hostiles" por el gobierno.
Con la declaración de una emergencia nacional, Donald Trump busca movilizar recursos del ejército para llevar a cabo este ambicioso objetivo, que promete marcar una nueva etapa en la política migratoria del país norteamericano. Foto: composición LR
El nombramiento de Tom Homan como "zar de la frontera" refuerza el compromiso de la nueva administración con una política migratoria de mano dura. Homan liderará iniciativas como la "Operación Aurora", un programa diseñado para deportar no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a miembros de pandillas y beneficiarios de programas como DACA. Esta medida podría afectar incluso a residentes legales.
La Operación Aurora incluye la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de haitianos y otros grupos vulnerables. Este programa, que otorga a los inmigrantes la posibilidad de permanecer en Estados Unidos en situaciones excepcionales, será eliminado con el fin de agilizar la deportación de sus beneficiarios. Al mismo tiempo, Trump ha declarado su intención de revivir la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que permitiría la deportación de ciudadanos provenientes de países considerados hostiles.
El plan de deportaciones masivas propuesto por Donald Trump representa una amenaza directa para millones de inmigrantes y sus familias. Las comunidades más afectadas serán aquellas que dependen de programas como el TPS y el DACA, los cuales han brindado protección contra la deportación a miles de personas durante años. Las medidas propuestas podrían desencadenar una crisis humanitaria, al provocar la separación de familias y poner en peligro los derechos fundamentales de los migrantes.
Según la organización American Immigration Council, el costo inicial de la operación se estima en US$315.000 millones. Esta cifra no incluye los gastos adicionales necesarios para llevar a cabo la deportación de más de 13 millones de personas en un corto período de tiempo.
Por otro lado, la Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que los inmigrantes contribuirán con US$10 billones a la economía de Estados Unidos en la próxima década, lo que complica la defensa económica del plan. En este contexto, un proyecto a largo plazo resultaría considerablemente más costoso.