El Informante: La recta final, por Ricardo Uceda
Recompuesto a trompicones, el JNE reinicia audiencias de apelaciones. Fuerza Popular no puede demostrar fraude y pide auditoría. Pedro Castillo será proclamado. La justicia electoral pierde credibilidad.
Con la participación de Víctor Rodríguez Monteza, el miembro accesitario del Ministerio Público ante el JNE, llamado para sustituir al declinante Luis Arce, recomenzaron ayer las audiencias para resolver apelaciones de nulidad interpuestas por Fuerza Popular. El cambio fue arte de birlibirloque. Al “declinar” Arce un cargo irrenunciable, -y por lo cual le abrió proceso la Junta Nacional de Justicia-, el JNE se quedó sin quorum para tomar decisiones. El presidente Jorge Salas resolvió “suspenderlo”, una figura inexistente, y a continuación la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sacó a Rodríguez Monteza de la junta de supremos y lo puso en el JNE. Este ha advertido sobre la ilegalidad de tal decisión personalísima, pero obedeció.
Considerando la urgencia de proclamar a un presidente, podría comprenderse que Salas se encontró con una situación no contemplada en la ley y que actuó en forma práctica. El empastelado jurídico se discutirá después, si los congresistas electos investigan su gestión. No es previsible que lo haga la actual Junta Nacional de Justicia. En todo caso, Lourdes Flores mencionó el tema en la sesión pública de ayer. Dijo que en adelante las resoluciones del JNE serían nulas.
Los impugnadores
Por lo demás, parecía una repetición de la audiencia del miércoles 23, en la que el JNE desestimó diez apelaciones de Fuerza Popular. Los casos eran similares: actas supuestamente adulteradas, para cuyo esclarecimiento se pedía recurrir a los registros de la ONPE y el Reniec; pericias de parte, indicando falsedad de firmas; argumentos respecto de la obligación del JNE de proteger la autenticidad del voto.
Lourdes Flores puso énfasis en el carácter público del padrón de votantes. Citó pronunciamientos de la Autoridad de Transparencia en el sentido de que le pertenecen al sistema electoral, y que el JNE puede usarlos para su análisis. Gino Romero puso el ejemplo de un jurado de Huancavelica que para dilucidar recurrió a la documentación del Reniec, mostrándole el camino al JNE. Julio César Castiglioni exhibió pericias de actas de Moyobamba que revelarían falsificación de firmas. Era, dijo, una modalidad de fraude, un concepto que no es aceptado por el JNE al evaluar signaturas. Virgilio Hurtado, otro abogado de Fuerza Popular, insistió en la obligación del jurado de considerar peritajes como pruebas. Pedro Panta sostuvo que había un mismo puño gráfico en las firmas de las diez actas cuestionadas.
La otra parte
El abogado Aníbal Torres, de Perú Libre, destacó que ninguna observación especializada, nacional o extranjera, había detectado irregularidades en la votación. No había un solo informe en ese sentido. Tampoco los representantes de Fuerza Popular presentaron pruebas, añadió, “al punto de que lo ha reconocido el jefe de su defensa legal, Vladimiro Montesinos”. Aludía a un reciente audio en el que el exasesor de Fujimori sugeriría sobornar magistrados del JNE.
Torres afirmó que el derecho electoral presume la validez de los actos de sufragio, y no al revés, la validez de las impugnaciones. Sobre este punto Ronald Gamarra dijo que solo en situaciones excepcionales pueden anularse votos. Seguidamente pidió al JNE insistir en el criterio jurisprudencial expresado al rechazar las anteriores apelaciones de Fuerza Popular. Julio Arbizu, el tercero de la contraparte, sostuvo que Fuerza Popular no había añadido un solo argumento nuevo a los ya expresados. Llamó la atención sobre el hecho de que no defendiera votos, sino que pretendiera anular los ya contabilizados, pertenecientes a pobladores pobres de zonas donde se exige cambios. Las falsificaciones de firmas que pudieran haberse producido, concluyó, debían ser investigadas por el Ministerio Público y no por el JNE.
Los tres días
Por la tarde, la misma mayoría del JNE que rechazó las primeras diez apelaciones (el presidente Jorge Salas, Jorge Rodríguez, Jovián Sanjinez) desestimó los recursos de Fuerza Popular. La razón de fondo es que el JNE, al debatir la impugnación de actas supuestamente adulteradas, no puede abrir una etapa probatoria. El reemplazante Rodríguez Monteza emitió siete votos en minoría. Su argumento fue que contrastar las actas con los archivos del sistema no era una actividad probatoria, sino una mínima corroboración para cumplir su responsabilidad de garante de la justicia electoral.
El JNE tampoco ha aceptado impugnaciones presentadas fuera del horario que establece el reglamento. Representando a Fuerza Popular en este punto, el expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola expresó que deben respetarse, sin recorte, los tres días que la ley establece para plantear recursos. Por fuera del JNE se han presentado análisis estadísticos que apoyarían la tesis de resultados irrazonables en determinados ámbitos. Existen otros en un sentido contrario. Ayer, la candidata Keiko Fujimori formalizó una solicitud al gobierno para que pida una auditoría de la OEA. Con el paso de los días los reclamos escalaron desde objeciones puntuales hasta denuncias de un fraude sistemático. Entre los reclamantes hay quienes desean un esclarecimiento de actas bajo sospecha, quienes piden nuevas elecciones y hasta quienes preferirían un golpe de Estado.
JNE desacreditado
La debilidad de los reclamos de Fuerza Popular es la falta de pruebas de cara a los estándares de la justicia electoral. Los votos se destruyen y solo quedan las actas, para cuya vigilancia efectiva es indispensable un extendido sistema de personeros. Pueden hacerte fraude donde no los tienes. De otro lado, el JNE perdió legitimidad por decisiones abiertamente ilegales, como la de permitir la inscripción de Martin Vizcarra pese a no haber renunciado dentro del plazo de ley. Además, por exclusiones arbitrarias y otros reglamentarismos, como la obcecación de no permitir la plenitud de los tres días para reclamos, o la consulta al padrón. La rigidez de su presidente fue determinante. Pedro Castillo será proclamado a tiempo, pero una gran cantidad de votantes no quedará convencida de la transparencia e idoneidad de las elecciones.
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