CGTP exige archivar dictamen de ‘Ley Chlimper 2.0′ que beneficia a grandes agroexportadoras

Restan poco más de dos semanas para que finalice la legislatura y en la carpeta de prioridades del Congreso se encuentra la ley que otorga una serie de beneficios tributarios a las empresas agroexportadoras como la reducción de la tasa del Impuesto a la Renta. Si bien el dictamen de la Comisión Agraria se encuentra en cuarto intermedio tras aprobarse una reconsideración presentada por César Revilla, existen una serie de presiones políticas para acelerar su aprobación.

Ante este escenario, desde la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se sumaron a la voces que rechazan esta propuesta del fujimorismo y exigieron el archivamiento definitivo de la ‘Ley Chlimper 2.0′, cuya implementación le costaría al Estado cerca de S/20.000 millones en 10 años.

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"Este proyecto, impulsado por las grandes empresas agroexportadoras y sus aliados en el Congreso, pretende reinstaurar privilegios tributarios que afectarán gravemente los ingresos públicos. Se propone mantener una tasa reducida del Impuesto a la Renta de 15% hasta el 2035, congelar los aportes empresariales a EsSalud en un 6% y ampliar beneficios como la devolución anticipada del IGV, la depreciación acelerada y la exoneración del ITAN. Estas medidas no solo desfinancian al Estado, sino que consolidan un régimen fiscal desigual e injusto", indicaron.

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Más argumentos contra ‘Ley Chlimper 2.0′

De acuerdo con la CGTP, el proyecto de la congresista de Fuerza Popular María Cruz Zeta Chunga retoma propuestas fracasadas como las Empresas Productivas Capitalizadas (EPC), un modelo que no fue reglamentado ni aplicado en 20 años al amparo de la Ley Marco para el Desarrollo Económico del Sector Rural.

De igual forma, alertaron que el 94% de los contratos en el sector agrario son temporales, lo que evidencia un régimen de desprotección, que impide la continuidad de aportes a salud y pensiones, y que debilita gravemente la libertad sindical, cuya tasa asciende a un mínimo histórico de 2%.

"Bajo el discurso de la asociatividad, se busca legitimar un modelo donde los pequeños productores terminan subordinados a las grandes empresas agroexportadoras, profundizando así su dependencia económica y su exclusión del desarrollo. La CGTP exige al Congreso archivar este proyecto de ley regresivo, inconstitucional y antipopular. Las agroexportadoras han multiplicado su productividad en las últimas décadas no gracias a inversión o innovación, sino a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo", agregaron.

Finalmente, consideraron que las prioridades en el Legislativo deberían apuntar a una normativa para el sector agrario que garantice derechos laborales plenos, salud y pensión digna, libertad sindical, acceso a tecnología, financiamiento y mercados para la pequeña y mediana agricultura.

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Principales beneficiarios de ‘Ley Chlimper 2.0′

Según la congresista Sigrid Bazán, el nuevo texto sustitutorio del dictamen de la Comisión Agraria suprime el límite temporal de 10 años para la puesta en marcha de estos beneficios tributarios. Efectivamente, si uno revisa el artículo 12 de la propuesta, ya no aparece el cuadro que establecía el horizonte temporal de la reducción del impuesto a la renta, lo cual podría interpretarse como indefinido.

Las empresas que sacarían ventaja de estos privilegios serían Camposol, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Ecosac Agrícola, Agrovisión Perú, entre otras que figuran en un informe del MEF bajo la gestión de José Arista. Todas estas compañías ya vienen gozando de los alcances de la Ley 31110 y son las que concentran más exportaciones.

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Además de estas grandes agroexportadoras, se encuentran empresas de palma aceitera, del sector vitivinícola y de producción de pisco como Queirolo y Tabernero, pese a que tienen un alto nivel de desarrollo en el mercado. Por ejemplo, Santiago Queirolo S.A.C. abarca más de un tercio (35,2%) del mercado vitivinícola, mientras que Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C. le sigue con un 13,2% del sector.

"El sector agroexportador es uno de los que más ha crecido en los últimos años. No obstante, ello no se ha traducido en mejores condiciones laborales para los trabajadores del campo, quienes han visto reducidas sus remuneraciones en 30% en lo que se refiere a su poder adquisitivo en los últimos años. Ahora, el Congreso quiere restaurar beneficios tributarios que daba la Ley Chlimper, lo cual generaría un costo de S/2.000 millones al año", analizó el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros.