El Directorio de Petroperú planteó la privatización de la empresa ante su Junta General de Accionistas (JGA), integrada por los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, a efectos de que “una gestión privada en la gestión de la empresa es la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad financiera”.
A través de un comunicado, la estatal explicó que las condiciones financieras de la empresa requieren espaldas financieras anchas provenientes de su accionista, que en el caso de Petroperú es el Estado peruano; es decir, con los recursos de todos los peruanos. Precisaron que los últimos cálculos indican que se requiere de US$2.200 millones adicionales.
“En las actuales circunstancias de un Petroperú con gobernanza y gestión empresarial expuesta a los usuales apetitos políticos, sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado, ya que nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal, en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos”, alertó el comunicado.
El Directorio precisó que este planteamiento de “autonomía en la gestión privada de Petroperú” ya fue elevado ante la JGA, así como ante el Gobierno —que se dice de izquierda—, y están a la espera de una definición que, “en caso de que sea afirmativa, nos permitirá continuar con una gestión que creemos puede y debe ser cumplida en beneficio del Perú”.
El comunicado, publicado en la Superintendencia del Mercado de Valores, no precisa el impacto de todas las medidas en el auditor y en los tenedores de bonos, advirtieron fuentes del sector. En ese sentido, exhortaron al Directorio a esclarecer la situación con los estados financieros auditados (que deben entregarse el 31 de mayo próximo), así como la eventual preocupación de los bonistas, si es que se honrará la deuda (se paga cada 6 meses y se aproxima un pago en junio); caso contrario, sería asumida por el MEF.
“Estos temas no han sido aclarados y pueden tener impactos financieros profundos, pues ante una situación como esta se pone en riesgo el pago de los compromisos de Petroperú y existe el riesgo de acelerar el pago de la deuda”, alertó la fuente.
Aurelio Ochoa Alencastre, expresidente de Perupetro, recordó que actualmente existe una ley vigente (Ley 30130), que permite el ingreso de hasta el 49% del capital privado en Petroperú; sin embargo, en el escenario de una privatización pura y dura, considera que sería complicada debido al momento actual de la petrolera y la deuda que tiene por la Nueva Refinería de Talara (NRT), la cual obligaría a una garantía del Estado, “salvo que la vendan a precio de remate”, alerta.
“Petroperú tiene problemas que son coyunturales, aunque cualquier inversionista que ve una refinería de ese nivel, una de las más modernas en el mundo, analiza que tiene garantizado el futuro, pero con una administración adecuada. Con el potencial que tiene Petroperú con una correcta administración, sin injerencia política, permitiría a la empresa no solo la integración vertical, sino su salvataje”.
Ochoa destacó que un eventual ingreso de capital privado a Petroperú permitiría romper los candados de la Constitución, y la estatal accedería de forma inmediata a eslabones más rentables de la cadena de los hidrocarburos, como la comercialización minorista (grifos propios) y los lotes petroleros en contratos de 30 años.
“El potencial que tiene Petroperú sin injerencia política permitiría no solo la integración vertical, sino su salvataje. Para cualquier inversionista sería atractivo, pero con una administración adecuada”.