¿El Gobierno de Dina Boluarte ha puesto en peligro la estabilidad fiscal?

“No se sabe quién maneja la política tributaria”

Pedro Francke, Exministro de Economía

Se están sumando medidas autoritarias, una tras otra, como el caso de Harvey Colchado, pero en el terreno económico había pocos casos tan flagrantes como lo sucedido en el Consejo Fiscal. El ministro José Arista ha reconocido que incumplirán la regla de 2% del déficit fiscal y como no le gusta que le recuerden sus obligaciones, despide al mensajero.

Es una muestra del deterioro de la institucionalidad democrática que registra el país hace un par de años, y que ahora alcanza a las instituciones económicas. Se suma este favorecimiento a la MML para un endeudamiento injustificado.

Se aparta de un manejo fiscal responsable por temas de pactos políticos, por conseguir los votos (de Renovación Popular) y hacer cualquier cosa con tal de tener sus votos en el Congreso.

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El Gobierno está mucho más orientado a no respetar la institucionalidad fiscal y el riesgo de irresponsabilidad está creciendo. Hay señales de un desmanejo fiscal, porque sino no se explica que el nuevo ministro de Agricultura sale a decir que quieren más exoneraciones tributarias para las grandes agroexportadoras y el MEF no lo ha desmentido. Entonces no se sabe quién maneja la política tributaria.

“Deben ser conscientes del golpe a la credibilidad”

Alonso Segura, miembro del Consejo Fiscal

La conflictividad política e incapacidad de consensos generan pronósticos negativos y continuas revisiones. Hay una erosión institucional.

La presidenta Dina Boluarte estaba en su derecho de remover a Carlos Oliva de la presidencia del Consejo Fiscal, pero es una decisión lamentable no ratificar a una persona con su trayectoria. El Consejo Fiscal es autónomo y lo sucedido no se alinea precisamente a la intención del fortalecimiento institucional. Se debió respetar la autonomía porque los cinco miembros pedimos su renovación.

Se necesita que los poderes del Estado sean conscientes del golpe a la credibilidad que le están dando al país.

Con lo dicho por las clasificadoras Fitch y S&P, estamos con matrícula condicional. Perú era una roca años atrás pero desde finales de 2020 empezó el desliz. Ya son varios años yéndonos hacia abajo y la clase política no se da cuenta. El sobreendeudamiento avalado a su aliado la Municipalidad Metropolitana de Lima o el séptimo retiro de las AFP, y ni siquiera cumplir con el formalismo de observarla, son cosas que ratifican la lectura de las clasificadoras: el Ejecutivo no defiende su fuero.

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“Busquemos un pacto social para dar una mejor señal”

Juan José Marthans, exjefe de la SBS

Tiene que preocuparnos el debilitamiento político de la gobernanza con el deterioro de la calificación crediticia de Fitch y S&P. Aunque Moody’s la mantiene en BBB+. No hay plena coincidencia aún, pero una vez que dos de las tres principales calificadoras más grandes del mundo estén de acuerdo, se generarían preocupaciones y limitaciones mayores.

La desconfianza se ha acrecentado al ponerse en tela de juicio la sostenibilidad constitucional. No creo que se afecten las cuentas fiscales, cuyo déficit ahora está en 2,8% del PBI pero si los precios de los minerales se mantienen, nos acercarían al 2%. Pero no debemos interpretarlo como una victoria porque no se soluciona el origen real del problema.

El correctivo que propongo es alcanzar un frente social a corto plazo con la posibilidad de crear un pacto a favor del desarrollo e infraestructura e inversión para los próximos 30 años. Esa es la solución, y no tanto por poner más impuestos o reducirlos. Así se darán mejores señales a las calificadoras de riesgo porque sin importar quién gobierne, se garantizaría la manera de fomentar transparentemente los megaproyectos.

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“La presidenta Dina Boluarte no quiere críticos”

Alfredo Thorne, exministro de Economía

En materia de finanzas públicas nos estamos complicando muchísimo. Dejando de lado a las personas, creo que está en juego la institucionalidad. En nuestro sistema, el Ministerio de Economía y Finanzas hace la política económica y el Consejo Fiscal, como autónomo, comenta sobre las desviaciones de esas políticas. Que retiren al presidente del CF (Carlos Oliva) viola la transparencia del manejo fiscal. Por otra parte, su crítica a las transferencias a personas allegadas al Gobierno también toca un tema muy sensible. Ante temas técnicos, el CF nos ilumina a todos.

Es una clara señal de que la presidenta Dina Boluarte no quiere críticos en temas económicos, así como ha vulnerado instituciones en educación o la Policía a modo de un proceso reformista.

Del lado de la presidenta Boluarte, es una constante y quiere desligarse de críticos hacia ella. Hay rumores de que Alex Contreras asumiría el cargo vacante, yo creo que sería un error. Él, cuando fue ministro, maquilló cifras.

S&P Global Ratings indica que no existen los consensos como para hacer una política transparente, necesitamos un cambio serio y riguroso.