Liberación exprés de Alberto Fujimori deja sin piso a inversionistas
Correrías. Vulneración de acuerdos internacionales convierten al Perú en una plaza sin garantías jurídicas, alerta José Távara. La adhesión a la OCDE peligra.
Para nadie es un secreto que la crisis política ha arrastrado, bajo su manto de inestabilidad, a la economía peruana en la última década -acaso más tiempo atrás- de cara a la imagen que proyecta hacia los mercados de inversión extranjera. En este punto, la liberación del exdictador Alberto Fujimori podría tomar un especial cariz en momentos que la recesión azota los motores de crecimiento y Perú busca ingresar a OCDE.
El economista José Távara, director del Banco Central de Reserva (BCRP), advirtió que diversos analistas y abogados internacionalistas que asesoran a empresas que invierten en el Perú ven una pésima señal en que el Estado decida “vulnerar abierta y groseramente sentencias de corte internacional”, a partir de una decisión del Tribunal Constitucional que desconocería los acuerdos de la Corte IDH.
El especialista recordó que el Estado recurrió a la corte de La Haya para solucionar el conflicto con Chile, y aun cuando “uno pueda discutir si estuvo bien o mal, nadie puso en discusión la legitimidad y fuerza de la sentencia”. La adhesión a OCDE sufriría los primeros estragos.
PUEDES VER: Alberto Fujimori: ruptura de acuerdos internacionales complica ingreso del Perú a la OCDE
Para nadie es un secreto que la crisis política ha arrastrado, bajo su manto de inestabilidad, a la economía peruana en la última década -acaso más tiempo atrás- de cara a la imagen que proyecta hacia los mercados de inversión extranjera. En este punto, la liberación del exdictador Alberto Fujimori podría tomar un especial cariz en momentos que la recesión azota los motores de crecimiento y Perú busca ingresar a OCDE.
El economista José Távara, director del Banco Central de Reserva (BCRP), advirtió que diversos analistas y abogados internacionalistas que asesoran a empresas que invierten en el Perú ven una pésima señal en que el Estado decida “vulnerar abierta y groseramente sentencias de corte internacional”, a partir de una decisión del Tribunal Constitucional que desconocería los acuerdos de la Corte IDH.
El especialista recordó que el Estado recurrió a la corte de La Haya para solucionar el conflicto con Chile, y aun cuando “uno pueda discutir si estuvo bien o mal, nadie puso en discusión la legitimidad y fuerza de la sentencia”. La adhesión a OCDE sufriría los primeros estragos.
PUEDES VER: Gobiernos regionales podrán usar hasta 30% del Foncor y 50% del Foncomun para comprar maquinaria
“Lo mismo ocurre con los laudos internacionales. Cuando hay un conflicto entre empresas internacionales que suscriben, por ejemplo, tratados de estabilidad tributaria, estas incorporan cláusulas para recurrir a tribunales internacionales en estos procesos. Se respetan los laudos y eso es fundamental para mantener la seguridad jurídica”, relató Távara.
El también catedrático refiere que existe un “grave riesgo de percepción de inseguridad jurídica” a partir de la liberación de Alberto Fujimori, con un evidente “deterioro del clima de inversiones”, sobre todo de las multinacionales.
“Estamos desoyendo sistemáticamente una serie de recomendaciones OCDE orientadas a fortalecer la institucionalidad. Hay numerosas recomendaciones que no estamos tomando en cuenta para proteger y garantizar la autonomía de las instituciones”, aseguró Távara.
PUEDES VER: Observatorio Fiscal de la UE propone un impuesto global de 2% a los multimillonarios del mundo
Perú fuera del radar
Por su parte, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, compara la controversia en torno a la liberación de Alberto Fujimori con la investigación que tiene como centro a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y encuentra similitudes nocivas frente a la inversión extranjera.
El economista advierte que, aun cuando “es un tema más político que económico”, el ruido que genera desconocer tratados internacionales en el Perú -como ocurriría si se desconocen decisiones de arbitrajes en Ciadi- es negativo. Ahora ve imposible que nuestro país se adhiera a OCDE en 2026, como había previsto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“El Perú tiene que cumplir escrupulosamente todos los acuerdos internacionales que suscriba. Si no lo hace, pierde credibilidad, y eso no discrimina ámbito económico o político. Para un inversionista extranjero, el respeto al derecho internacional en cualquier país es fundamental”, aseveró.
PUEDES VER: OCDE: Informalidad laboral en el Perú es el doble que en Brasil y el triple que en Chile
Perú: corrupción y arbitrajes como oferta al inversionista
El MEF había proyectado que nuestro país podía estar listo o “a un paso” de su adhesión a OCDE en el año 2026. Para tal efecto, la semana pasada se habían evaluado, por parte del organismo, los esfuerzos nacionales para estar alineados con los instrumentos jurídicos internacionales. Todo fue en vano.
La inversión privada en el Perú se encuentra en un punto muerto. Entre julio y septiembre, la inversión de este tipo fue de S/27.722 millones, un retroceso de 6,2% frente a los S/29.567 millones desembolsados en similar periodo del 2022, según el BCRP.
Perú es uno de los países de Sudamérica más demandados por empresas extranjeras y nacionales, según el histórico de Ciadi.
La corrupción es otro flagelo que convierte al Perú en una plaza hostil. Contraloría informó que en 2022 se perdieron más de S/25.000 millones por corrupción de autoridades.
“Lo mismo ocurre con los laudos internacionales. Cuando hay un conflicto entre empresas internacionales que suscriben, por ejemplo, tratados de estabilidad tributaria, estas incorporan cláusulas para recurrir a tribunales internacionales en estos procesos. Se respetan los laudos y eso es fundamental para mantener la seguridad jurídica”, relató Távara.
El también catedrático refiere que existe un “grave riesgo de percepción de inseguridad jurídica” a partir de la liberación de Alberto Fujimori, con un evidente “deterioro del clima de inversiones”, sobre todo de las multinacionales.
“Estamos desoyendo sistemáticamente una serie de recomendaciones OCDE orientadas a fortalecer la institucionalidad. Hay numerosas recomendaciones que no estamos tomando en cuenta para proteger y garantizar la autonomía de las instituciones”, aseguró Távara.
Perú fuera del radar
Por su parte, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, compara la controversia en torno a la liberación de Alberto Fujimori con la investigación que tiene como centro a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y encuentra similitudes nocivas frente a la inversión extranjera.
El economista advierte que, aun cuando “es un tema más político que económico”, el ruido que genera desconocer tratados internacionales en el Perú -como ocurriría si se desconocen decisiones de arbitrajes en Ciadi- es negativo. Ahora ve imposible que nuestro país se adhiera a OCDE en 2026, como había previsto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“El Perú tiene que cumplir escrupulosamente todos los acuerdos internacionales que suscriba. Si no lo hace, pierde credibilidad, y eso no discrimina ámbito económico o político. Para un inversionista extranjero, el respeto al derecho internacional en cualquier país es fundamental”, aseveró.
Perú: corrupción y arbitrajes como oferta al inversionista
El MEF había proyectado que nuestro país podía estar listo o “a un paso” de su adhesión a OCDE en el año 2026. Para tal efecto, la semana pasada se habían evaluado, por parte del organismo, los esfuerzos nacionales para estar alineados con los instrumentos jurídicos internacionales. Todo fue en vano.
La inversión privada en el Perú se encuentra en un punto muerto. Entre julio y septiembre, la inversión de este tipo fue de S/27.722 millones, un retroceso de 6,2% frente a los S/29.567 millones desembolsados en similar periodo del 2022, según el BCRP.
Perú es uno de los países de Sudamérica más demandados por empresas extranjeras y nacionales, según el histórico de Ciadi.
La corrupción es otro flagelo que convierte al Perú en una plaza hostil. Contraloría informó que en 2022 se perdieron más de S/25.000 millones por corrupción de autoridades.
