Al 2022, 3,1 millones de peruanos —11% de la población— aún no cuentan con acceso a agua potable. Y aunque la mayoría ya dispone de una conexión asegurada, casi la mitad de la población aún no tiene garantizada la provisión del servicio durante las 24 horas.
En los departamentos de Loreto (40%), Puno (31%) y Ucayali (26%) se registra un mayor número de hogares que no cuenta con agua potable. En contraste, en regiones como Tacna, la cifra llega a 4,83% de peruanos que no accede a la provisión del servicio, según la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).
“Debemos recordar que, como parte de las acciones para combatir la pobreza, se requiere garantizar el acceso al recurso hídrico. La provisión de este servicio, además, tiene que ser adecuada; de lo contrario, podría tener efectos negativos en la salud y provocar enfermedades como malnutrición e intoxicación, tal y como señala la Organización Panamericana de la Salud”, subrayó Oswaldo Molina, director ejecutivo de Redes.
Las brechas relacionadas con el agua potable presentan diferencias no solo en función al porcentaje de hogares que accede al servicio, sino también por la disponibilidad que existe, por horas, del recurso. Incluso si un hogar cuenta con la conexión asegurada, ello no garantiza la distribución del servicio durante las 24 horas del día.
“Según la Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento, si rubros como restaurantes, comercio, alojamiento y, de forma parcial, manufactura, no contaran con el servicio de agua durante un solo día, se estiman pérdidas por S/1.930 millones. Además de brindar servicios, las empresas son fuente de empleo e ingresos para las familias”, estimó Molina.
Así, la brecha de infraestructura en el sector saneamiento es equivalente a una inversión de S/51.000 millones, de este monto se requieren más de S/11.000 millones para garantizar el acceso y calidad del servicio de agua potable, según el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026.
Es más, conforme a la información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ejecución del presupuesto para inversión pública en este sector, desde hace cinco años —entre el 2018 y el 2022— es cercana al 60%. Con ello, es uno de los que registra menor porcentaje de ejecución del Gobierno.
El especialista indicó que se debe optimizar el acceso a los servicios a través de la identificación de las zonas más vulnerables, a fin de priorizarlas en las inversiones que se realicen. Ello, acompañado del monitoreo de las mismas para garantizar que el recurso llegue a más peruanos.