El fallo del Tribunal Constitucional (TC) —016-2021— referido a la demanda interpuesta por el Ejecutivo a la Ley 31173 señala que “corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 2 en el extremo que permite la posibilidad de que se incluya en la devolución a diversas personas sin evaluar si es que recibieron algún beneficio directo o indirecto de los recursos del Fonavi”. Dicha afirmación vulneraría el derecho de un grupo de fonavistas porque abre la posibilidad de que no se les considere en el proceso de devolución, advierte la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf-Perú).
Aunque el gremio señala que la decisión del TC no configura un mandato firme, al volver a abrir la posibilidad de exclusión, lo deja en manos de la Comisión Ad Hoc, que —como se sabe— está conformada por fonavistas, pero en su mayoría por representantes del Ejecutivo. Por este motivo, existe el temor de que voten a favor de reducir el universo de fonavistas que demandan que se les pague la deuda completa.
La Fenaf-Perú sostiene que la sentencia del TC buscaría excluir de la devolución de aportes a los prestatarios del Banco de Materiales, quienes viven en lugares donde se ejecutaron obras de saneamiento y electrificación.
“Las obras de saneamiento y electrificación, esa es una responsabilidad del Estado que lo establece el artículo 7 de la Constitución. El Estado se prestó dinero del Fonavi para cumplir su responsabilidad, no fue un programa exclusivo para fonavistas, pero además los ciudadanos y fonavistas pagaron las conexiones a través de sus recibos. Entonces, ¿cuál es el beneficio? No existe beneficio”, explica Jorge Milla, dirigente de Fenaf-Perú a La República.
Respecto a los fonavistas que solicitaron créditos al Banco de Materiales, Milla sostiene que tampoco se pueden considerar beneficiarios, ya que se prestaron de su propio dinero y lo pagaron con intereses. En el caso de quienes no pudieron terminar de pagar, lo deberían hacer con el monto que se les adeuda.
Lo importante es que la Comisión Ad Hoc se ponga de acuerdo con este punto para dejar de obstaculizar el inicio de la devolución de dinero. El dirigente refiere que la clave es agotar los más de S/2.000 millones que tiene el grupo de trabajo en sus cuentas para empezar a cobrar el dinero que debe el Estado.