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Economía

OIT: La informalidad golpeó mucho más en Perú y en América Latina tanto a jóvenes como a mujeres

Ítalo Cardona, director de la oficina de OIT para Países Andinos, fue entrevistado en LR+ Economía, donde señala es amplio el número de personas que viven del día a día, con remuneraciones de sobrevivencia. 

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Rumi Cevallos entrevista a Ítalo Cardona, director de la Oficina de la OIT para los países andinos. Foto: Captura. | La República.

Uno de los principales problemas del Perú es el empleo informal. Le muestro un esquema de datos donde señalan que 1 de cada 2 personas ocupadas en la región, está en condiciones de informalidad, ¿Qué nos puede decir?

—Efectivamente, 1 de cada 2 personas está en situación de informalidad. Son personas cuya relación de trabajo no tiene un reconocimiento formal, que no poseen ningún tipo de protección (garantía de ingresos, protección social, acceso a servicios de salud, etc.). Son personas que viven del “día a día”, con ingresos mínimos e irregulares, lo que los obliga a sobrevivir, muchas veces, por debajo de la línea de pobreza.

Y la tasa de informalidad laboral es ata para el Perú. Se está generando empleo, pero es de baja calidad ¿Qué hacemos?

—Perú ha hecho un esfuerzo importante para promover la formalidad laboral, pero después de la pandemia se ha mantenido un incremento de las tasas de informalidad. Es por ello, que ha llegado a un aproximado de 78%, lo que significa que 8 de cada 10 peruanos que trabajan lo hacen en la informalidad, con una precariedad en sus ingresos y sin protección laboral, colocándolas en situaciones críticas, tal como se pudo ver durante la pandemia.

¿Cuáles son las características fundamentales del trabajo informal?

—Cuando hablamos de informalidad estamos hablando de un ámbito muy grande. Podemos estar hablando de informalidad dentro de la economía formal, y lo que se requiere es una fuerte intervención por parte de Sunafil para, no solo informar, sino para promover y lograr que exista una formalización en dicho sector. Por otro lado, tenemos un ámbito muy amplio donde existe una informalidad en los sectores de la economía informal, en donde no hay un reconocimiento de los derechos laborales y en donde el Estado tiene poca participación en la protección de dichos derechos. Uno de los sectores de la población que también pasa por la misma situación de informalidad son las trabajadoras del hogar remuneradas. No es que no exista un reconocimiento por parte de la legislación, porque la ley sí les reconoce todos los derechos, sino que existe falta de información, dificultad para realizarla o existe una negación de los derechos.

¿Qué factores complican la calidad de vida de las personas y/o de los trabajadores?

—Hay varios elementos que son importantes para tomar en cuenta. Efectivamente, tenemos una situación de unos cambios en las necesidades del mercado de trabajo, unos cambios que exigen que las personas puedan tener una mejor formación de competencias, y puedan tener espacios en donde se les permita reforzar esas competencias que el mercado laboral demanda. Muchas veces tienes ese tipo de situación, sobre todo en los jóvenes. Por otro lado, la situación de la inflación afecta mucho y Perú es uno de los países en donde la inflación no ha golpeado tanto, pero sí se ven los efectos con la desmejora salarial: los salarios no suben a la misma velocidad que los precios. 8 de cada 10 peruanos no tiene un salario fijo que le permita programar sus gastos.

¿Cómo es la informalidad en el trabajo femenino?

—Es importante señalar que, en general, la informalidad ha golpeado mucho más en el Perú y en la región de América Latina tanto a jóvenes como a mujeres; ellos son los más impactados. La pandemia fue un factor que contribuyó a ello porque afectó sobre todo a los sectores que emplean predominantemente mujeres y personas jóvenes (turismo y comercio, por ejemplo). También se vieron afectadas las trabajadoras del hogar. Muchas personas pudieron desarrollar sus funciones laborales desde casa, a base de las restricciones de la pandemia, pero fue por eso mismo que muchas mujeres, que son trabajadoras del hogar, perdieron sus empleos. 

¿En qué condiciones laboran las trabajadoras del hogar en Perú?

—La informalidad en el rubro del trabajo del hogar es más alto que el promedio: tenemos un 92% de informalidad entre las trabajadoras del hogar versus 76% en el resto de la PEA ocupada. Además, 51% de ellas ganan menos del sueldo mínimo, solo el 18% cotiza a algún sistema de pensiones y apenas el 17% está afiliado al seguro social.Son cifras que nos preocupan y que por supuesto nos tienen que motivar a la acción. Efectivamente, cuando hablamos del trabajo remunerado del hogar, nos referimos a un sector mucho más amplio -el de cuidados- donde están, sobre todo, las mujeres. En el sector del cuidado, se puede observar que de los 5.5 millones de peruanos que trabajan aquí, solo el 25% lo hacen de manera remunerada, lo que significa que un promedio de 4 millones de peruanos, sobre todo mujeres, trabaja en labores de cuidado de manera no remunerada. Si hablamos específicamente de las trabajadoras remuneradas del hogar, que son aproximadamente 360 mil según los datos disponibles (el 96% mujeres), como hemos visto en las cifras iniciales la situación es de una clara desprotección en materia de derechos. Hay una ley que el Perú adoptó en la que se equiparan los derechos de estas trabajadoras a los de los demás trabajadores del sector privado, pero todavía falta poner esto en práctica.

Pero ¿cree usted que la autoridad laboral en el país, a través de Sunafil, está haciendo su trabajo adecuado para revertir las cifras de las que hemos hablado?

—Creo que deben trabajarse, por lo menos, tres temas. Y esto es lo que hemos propuesto y venido conversando con Sunafil y con el Ministerio del Trabajo. Primero, a partir de una de las investigaciones que se hizo, hemos podido evidenciar que hay un desconocimiento general sobre la existencia de tales derechos. Entonces la idea es cómo brindar mayor información a las personas que la necesitan, tanto para la persona que trabaja como a la que contrata. Sabemos que hay un esfuerzo muy importante por parte del Ministerio y de SUNAFIL en esta tarea de difusión de derechos.  Nos encontramos trabajando fuertemente en este escenario y estamos tratando de convocar a más personas para que entiendan que es un trabajo conjunto, donde todos estamos involucrados. En el marco del proyecto “Abriendo puertas”, que implementamos con apoyo de Canadá OIT, estamos impulsando una campaña que se llama “Barre con la informalidad”, con el objetivo de evidenciar que efectivamente existe informalidad en el sector, pero animando a las personas a que utilicen las herramientas que tenemos, para ir barriendo y sacando la informalidad del mundo de trabajo. Un segundo tema, es que entendamos que pospandemia hubo un cambio (no absoluto, claro), en la manera en la que se contrataba a las personas y los arreglos de las formas en las que ahora se trabaja.  Antes era muy común la figura del “cama adentro” pero ahora se ha promovido mucho más las personas que trabajan por horas o por días. Y muchas veces los sistemas de registros, los sistemas de formalización no se han adecuado a dichos cambios y entonces se encuentran dificultades para hacer los registros. Queremos acompañar al gobierno para avanzar más allá de solamente el cambio normativo, porque -como dije antes- ya existe un marco normativo que equipara los derechos de estas trabajadoras. Ahora hay que pensar cómo hacer esto efectivo. Muchas veces esto se puede hacer buscando prácticas que están sucediendo en otros países de la región y que pueden replicarse: fórmulas fáciles de registro que están funcionando, que se pueden hacer de forma telefónica o por medios digitales, y no necesariamente a través de trámites más complejos con diversas instituciones. Y, en tercer lugar, hay que abordar las medidas de incentivo de supervisión que tiene que desarrollar la Sunafil. Estamos trabajando también con ellos para que se haga una supervisión efectiva. Las personas que contratamos una trabajadora del hogar tenemos que saber que somos empleadores y que tenemos unas obligaciones. Tenemos que saber que no estamos exentos de la supervisión remota o de ser citados ante la Sunafil para dar cuenta de cómo cumplimos la norma y cómo estamos reconociendo los derechos que tienen las trabajadoras.

¿Cree usted que con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se siente un precedente para que pueda volver la estabilidad laboral en Perú?

—El debate sobre la estabilidad laboral es un tema que se viene dando a nivel de toda la región. Es un diálogo que se está dando no solamente, como es este caso, entre el trabajador y el Estado como empleador, sino también con el sector privado. Todo este debate también viene, considero yo, de la reflexión sobre la existencia de modalidades de contratación y de cómo estas vienen siendo utilizadas. Muchas veces nos encontramos con un abuso de la utilización de esas modalidades que, efectivamente, se convierten en un tipo de contrato temporal en funciones que pertenecen a la naturaleza misma de un negocio. El contrato temporal no tenía nunca la finalidad de vulnerar los derechos de los trabajadores, sino que se da con la finalidad de responder a una demanda más alta de trabajadores que tiene el sector empresarial por una razón objetiva. Pero cuando se utilizan estos contratos de manera indiscriminada, la situación se vuelve preocupante.

¿Qué significa tener un empleo de calidad?

—Tener un empleo decente es tener un empleo en donde podamos tener las oportunidades de elegir dónde trabajamos, donde existan derechos, protección social y espacio para entablar diálogo social. Aprovecho para hacer una última reflexión. Se está discutiendo en el Congreso el tema del Sistema Nacional de Cuidados, un tema que podría beneficiar no solo a las trabajadoras del hogar remuneradas, sino a todos esos 5.5 millones de peruanos y peruanas que trabajan en labores de cuidado, especialmente a los 4 millones que lo hacen sin recibir ninguna remuneración. Estamos hablando de millones de personas a las que el Estado está proponiendo reconocerles esa labor y su aporte a la economía, y está planteando construir un sistema que les pueda ayudar. Confiamos que el Congreso de la República apueste por garantizar mejores condiciones para ellas y ellos, por asegurar el respeto de sus derechos laborales y, por supuesto, por cuidar a estos millones de peruanos que cuidan a otros peruanos.