La recuperación económica vista en el 2021 tras los embates más severos de la pandemia, paradójicamente, no se tradujo en la mejora de las condiciones laborales si se compara con el 2019.
A pesar de que en el último trimestre móvil (junio, julio y agosto) la población trabajadora en Lima metropolitana abarcó a 5 millones 15 mil 400 personas –superando en 1,7% a lo visto en ese mismo periodo de 2019–, el total de inmersos en el subempleo ascendió a 2 millones 155 mil 600 personas (+23,4%), según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Vale recalcar que el subempleo acoge a aquellos que trabajan menos de 35 horas a la semana (subempleo visible) o que perciben menos monto del ingreso mínimo referencial pese a trabajar más horas (invisible), desprotegidos en todo sentido del marco normativo laboral.
A la par del crecimiento del empleo precario, se observa una caída del empleo adecuado, el cual perdió 325.100 trabajadores hasta agosto, y cuenta con un universo de 2 millones 859 mil 900 personas (-10,2% frente al 2019).
De ese grupo, se puede corroborar que hay una mayor presencia de mujeres bajo esta modalidad (ver infografía).
En términos concretos, de cada 100 personas que componen la población económicamente activa (PEA), 40 están en el subempleo: 12 por falta de horas de trabajo y 28 por menos ingresos.
Marta Tostes, decana de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP, advierte que el punto más crítico es el incremento de los ciudadanos subempleados por falta de ingresos, que varió en 35,7% frente al año prepandemia.
“Casi un tercio de la población recibe un salario por debajo del mínimo vital. Este desgaste de la renta familiar incrementará la vulnerabilidad de las familias por la pérdida de su poder adquisitivo real”, explicó para La República.
La letrada sostuvo que ante la actual inflación agudizada –que se normalizaría recién al segundo semestre del 2023–, las familias, especialmente las de menos recursos, sufrirán para acceder a los productos de la canasta básica alimentaria y tendrán una menor capacidad de ahorro. Dicha situación –prosigue Tostes– se agrava con la demora de los ajustes de la remuneración básica, para lo cual es crucial la labor del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) para tomar decisiones articuladas en pro de la ciudadanía.
Y es que el ingreso promedio, que se ubica en S/1.700,30, aún es S/16,80 menos que el monto prepandemia, marcando así una caída de 1%. Sin embargo, en términos reales la diferencia sería de hasta -20% considerando la inflación, según advirtió el economista Armando Mendoza.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) inició el proceso de diálogo para institucionalizar el mecanismo de revisión de la remuneración mínima vital (RMV), aunque el sector empresarial no asistió a esta jornada.
Se recibió la asesoría técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicha propuesta es de carácter preliminar y sirve de base para recibir los aportes de las organizaciones de trabajadores y empleadores del CNT.
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