
Hace un par de días, el Ejecutivo observó la ley aprobada por el Congreso que anula el régimen Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el sector público. La iniciativa propone que los trabajadores CAS sean reubicados progresivamente al régimen 728 o 276, y vio la luz verde el pasado 11 de diciembre con 113 votos a favor, siete abstenciones y un voto en contra.
El oficio firmado por el presidente Francisco Sagasti y la premier Violeta Bermúdez sostiene que su implementación demandará S/ 4.244 millones del Tesoro Público, ya que se tendrán que afrontar los pagos al personal en conceptos como gratificación, bonificación por escolaridad, CTS, Incentivo Único (CAFAE), asignación familiar, entre otros.
Además, consideran que contraviene a la meritocracia, ya que dispone que el acceso de los trabajadores CAS a los DL 276 y 728 se dé automáticamente por el solo hecho de los años de servicios.
El presidente de la Comisión de Trabajo, Daniel Oseda (Frepap), dijo que procederán con la insistencia tras analizar los criterios del Ejecutivo.
“Recolectamos firmas para pedir una sesión extraordinaria antes de iniciar la tercera legislatura – en febrero – y así convocar a un pleno extraordinario. Vamos a proceder lo más pronto posible. Lamentamos que el Ejecutivo siga tomando estas decisiones”, añadió.
Desde la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir), informaron que la observación del Ejecutivo recoge su postura, y añadieron que el CAS desaparecerá gradualmente para darle paso al nuevo régimen del servicio civil (aprobada por la Ley N° 30057) en el sector público, la cual “hará posibles las mejores estructurales y sostenibles a beneficio de entidades públicas y ciudadanos”.
Este traspaso al régimen de servicio civil implicará mejora de las compensaciones económicas –según Servir– ya que los empleados accederán a 12 compensaciones económicas mensuales que incluyen vacaciones, más dos aguinaldos y una compensación mensual más por cada año de servicio.
Alcance. Javier Palacios (MTPE) estimó que incorporarán gradualmente a 300.000 trabajadores CAS a Servir.
Contra. Carmen Omonte (APP) señaló que el CAS es discriminatorio. ’'El Estado no puede legitimar el abuso laboral’', escribió en Twitter.
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