Por: Christian Silva y Elizabeth Prado
El planteamiento desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es claro: cerrar el régimen de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Así lo señala el informe del Consejo Evaluador de Pensiones del sector que propone para la reforma la creación de un sistema integrado.
Anteriormente, el presidente de la República, Martín Vizcarra, había criticado el manejo de las AFP. “Han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población, rechazamos. Intereses y comisiones abusivas que ameritan una reforma integral del sistema de las AFP”, declaró a inicios de abril.
La reforma también abarcaba al sistema público: la ONP.
Para finales de ese mes, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para conformar una comisión mixta que analice ambos sistemas de pensiones.
Sin embargo, esta iniciativa fue archivada ayer por la Comisión de Economía del Congreso, que acordó proponer una comisión multipartidaria para analizar el tema.
“El cierre del sistema de repartos, en el que todo entra a un fondo común, no se refiere a que vamos a cerrar la ONP, sino que el nuevo esquema va a ser uno de cuenta individual”, indicó Oscar Graham, director general de Mercados Financieros y Previsional Privado del MEF, en su exposición en la Comisión de Economía.
El planteamiento señala que, con el nuevo Sistema Integrado de Pensiones (SIP), la ONP ya no recibirá más afiliados.
“Los nuevos trabajadores formales ingresan directamente al nuevo Sistema Integrado de Pensiones bajo un sistema de ahorro individual”, dicta la propuesta expuesta por Graham.
Además, un grupo de afiliados a la ONP pasarían al SIP, a establecerse mediante una edad de corte. Solo los que tienen una edad mayor a este rango se quedarán dentro del sistema público.
Para José Núñez, vicepresidente de la comisión e integrante del Partido Morado, esta propuesta sí implicaría un cierre de la ONP. Por lo que consideró que el sistema público debe “orientarse a que existan fondos individualizados” y con variaciones en el esquema de comisiones. “Que sea una AFP pública y eficiente”, añadió.
De acuerdo con el funcionario del MEF, Oscar Graham, en la cobertura previsional de la Población Económicamente Activa, 4 millones 633 mil 967 personas se encuentran afiliadas al Sistema Nacional de Pensiones –la ONP–, pero que, con las actuales características del mercado laboral, solo el 25% (1 millón 158 mil 492 personas) alcanzaría la valla requerida de 20 años de aportes para acceder a una pensión mínima de S/ 500 y con un tope de hasta S/ 893.
Otros 3 millones 475 mil 475 afiliados se quedarían sin la posibilidad de recibir una pensión, pese a los años de aporte.
Graham añadió que el año pasado se había transferido cerca de S/ 1.200 millones para cubrir este sistema de pensiones, siendo insostenible a largo plazo, debido a que “la cantidad de pensionistas será mayor a la de aportantes”.
Esta propuesta, sin embargo, no es nueva. En marzo de 2019, la Asociación de AFP (AAFP) había planteado ante la Comisión de Economía del disuelto Parlamento cerrar la ONP como sistema de reparto. Era uno de los pilares para una mejor cobertura y el fortalecimiento del sistema de pensiones, argumentaba Giovanna Prialé, presidenta de la asociación, quien además señalaba que el financiamiento del Estado a la ONP sería insostenible a largo plazo.
Para Jorge Guillén, profesor asociado de la Universidad Esan, “preocupa bastante qué se va a hacer con la gente que todavía está en el sistema, y hay pocos aportantes (en la ONP), muchos jubilados y el fondo consolidado de reservas no está cubriendo esa necesidad de la ONP”.
Consideró que este sistema se debería reformar a una AFP pública, “y como el Estado no tiene esos manejos tan altos como las AFP podría competir de igual y hasta ofrecer el mismo servicio y con menor comisión”.
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Enrique Díaz, presidente de la consultora MC&F, indicó que “a lo largo de los años, las AFP se han mantenido en el sistema, pero la cobertura todavía es baja, es la tercera parte de la población”. Señaló que el Estado debe cumplir el rol de subsidiar parte del fondo cuando el afiliado no llegue a la cantidad necesaria para la pensión mínima.
Justamente el informe del MEF involucra un sistema multipilar, en el que se da una protección social, como Pensión 65, a los que se encuentran en condiciones de pobreza (pilar 0); dando una garantía del Estado para que el afiliado alcance la pensión mínima (pilar 1); que la pensión sea autofinanciada con el aporte (pilar 2) y que se permita el ahorro voluntario (pilar 3), con mecanismos de incentivos para este último tipo de aporte.
“Lamentablemente, me acabo de enterar que la Comisión de Economía ha archivado el proyecto de ley (de la reforma de pensiones del Ejecutivo)”, expresó la titular del MEF, María Alva.
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Vizcarra, a su vez, consideró que la propuesta buscaba ver la manera en que se integre Pensión 65, la ONP y la AFP. “Tenemos una ONP que no tiene la pensión adecuada y una AFP que no se maneja correctamente”, acotó.
El Ejecutivo proponía crear una comisión mixta para evaluar una propuesta de reforma integral del sistema de pensiones, la cual estaría conformada por 3 integrantes del Congreso (Comisiones de Economía, Trabajo y Presupuesto), 3 del Ejecutivo (MEF, Ministerio de Trabajo y un representante de la ONP), además de dos representantes autónomos, uno del Banco Central de Reserva del Perú y otro de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
El grupo de trabajo del Congreso, en cambio, aprobó por mayoría proponer al Pleno crear una comisión multipartidaria para el tema, con cargo a redactar el dictamen.
Estarán incluidas la Comisión de Economía, la de Trabajo y la de Desarrollo e Inclusión Social.
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Según Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía, el proyecto del Ejecutivo “buscaba patear el tablero por unos 6 meses más y necesitamos acciones más inmediatas. Es más productivo y beneficioso tener una comisión del Congreso”, enfatizó.
Esta comisión invitaría al Ejecutivo a estas sesiones, así como a miembros de la sociedad, añadió el también congresista de Acción Popular.
Sobre las AFP, comentó que “si la inversión del fondo del afiliado es negativa, la AFP no asume ninguna pérdida. Ellas ganan en cualquier escenario. En la ONP, la situación es más compleja, es un sistema con pensiones irrisorias, los jubilados ni siquiera logran cubrir sus necesidades básicas”.
Yván Quispe, parlamentario por el Frente Amplio, señaló que este proyecto “no consideraba a gremios”. Expresó que este planteamiento “lo ha hecho unilateralmente el Ejecutivo”. Para el Pleno de este jueves 14 de mayo, se ha agendado una moción de orden para la propuesta de crear una comisión multipartidaria.
Para setiembre de 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) había planteado que el Perú mantenga el sistema público y el privado de pensiones, y que todos los afiliados den aportes obligatorios tanto a la ONP y la AFP, no como un doble aporte, sino dividir el que se realiza.
Además, las pensiones se recibirían de ambos sistemas.
Las recomendaciones también implicaban elevar la tasa de aporte del afiliado, que podría ser gradual y estar vinculado con un eventual incremento en el salario del empleado.
Asimismo, reducir el mínimo de años requeridos para beneficiarse del sistema público, que actualmente pide 20 años.
La OCDE también sugirió subsidiar a las contribuciones de seguridad social de los trabajadores con bajos ingresos, con el fin de reducir los costos de formalización que tienen los empleados; así como limitar los retiros tempranos de activos de las cuentas de pensiones –el del 95,5% del fondo de pensiones–, el acceso a la jubilación anticipada y la frecuencia de cambios de fondos y de AFP, para no generar gastos excesivos de marketing o inestabilidad de mercado.
Entre las propuestas también estaba implementar las comisiones por rendimiento para las AFP.
1,2 mil millones de soles desembolsó el Estado para dar sostenibilidad a la ONP.
25% de afiliados ONP no cobraría su pensión por no llegar a los 20 años de aporte.
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13% del sueldo es el aporte obligatorio que realiza el afiliado a la ONP.
En Francia se habían realizado protestas en enero con respecto a la reforma del sistema de pensiones que había propuesto el presidente Emmanuel Macron desde su campaña como candidato.
La iniciativa implicaba cambiar 42 sistemas de pensiones, incluyendo los regímenes especiales, por uno universal.
Las cotizaciones se iban a cambiar para establecerse las mismas reglas en este único régimen de pensiones y así determinar el monto de las pensiones. El sistema francés en pensiones se venía rigiendo desde 1945.
Según El País (España), esto iba a reflejar un descenso en los niveles de las pensiones que iban a recibir los franceses.
En Chile, los senadores de la oposición al Gobierno habían presentado un proyecto para eliminar las AFP a través de la derogación del Decreto Ley relacionado y emitido en 1980.
El fin de la propuesta, admitida a trámite por el Senado chileno, busca que se nacionalicen los fondos de pensiones, a través de un sistema de pensiones solidarias.
Ello implica, según el planteamiento, crear un Instituto de Seguridad Social a cargo de administrar este sistema de pensiones.
El Estado no solo participaría como administrador, también en su rol para que el aportante llegue a una pensión básica, cuyo monto llegaría a ser el sueldo mínimo en Chile.
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Asimismo, se planteó un cambio constitucional, para que el presidente (Sebastián Piñera) no sea el único que pueda presentar una reforma del sistema de pensiones, potestad exclusiva que actualmente tiene.
Ya Fernando Larraín, presidente de la Asociación de AFP en Chile, en un canal televisivo de su país, había criticado la propuesta del grupo de senadores, considerando que el ahorro de los trabajadores iba a ir para el Estado, además que la rentabilidad de las AFP es mayor de lo que se conseguiría con la administración pública, y que el mencionado proyecto iba contra “el consenso técnico mundial que hay respecto a las pensiones”.
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Incorporación. Las sugerencias del consejo evaluador incluyen que los mayores de edad accedan automáticamente al sistema de pensiones.
Fortalecimiento. Del ahorro voluntario previsional mediante incentivos tributarios, una red de recaudación mediante consumo y una reducción en los impuestos.
Implementar. Un programa de educación previsional desde la edad escolar.