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Economía

Frontera: Contrato con Lote 192 debería ampliarse por un año

Hidrocarburo. Es el tiempo que se necesitaría para culminar la consulta previa para la nueva concesión, que estaría a cargo de Petroperú y un socio; así como su abastecimiento de insumos.

Enviada especial a Loreto

Un frondoso bosque nos da la bienvenida al campamento de Andoas, distrito que alberga el lote petrolero más importante del país: Lote 192, en Loreto, donde a través de 85 pozos y más de 1.200 kilómetros de tuberías se extraen diariamente 11.500 barriles de crudo que pasan por diversos procedimientos para eliminar su viscosidad y así ser enviados por el ramal norte del Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú.

Es justamente la empresa petrolera estatal la que en marzo del 2020 tomaría la posta de la canadiense Frontera Energy (cuyo contrato de servicio acaba ese mes), para convertirse en el operador oficial del Lote 192, junto con un socio estratégico que asumiría el financiamiento de casi US$ 900 millones para invertir en infraestructura, reparar daños de tuberías, así como para explorar y explotar nuevos pozos que dupliquen la actual extracción del recurso en dicha zona.

Sin embargo, para ser operador, el gobierno debería haber culminado el proceso de consulta previa con las 19 comunidades que viven en la zona de influencia, lo que a la fecha no ha sucedido. Desde Perupetro se escucha la posibilidad de ampliar el contrato a Frontera hasta mayo, pero la canadiense no tiene ninguna confirmación, e incluso subrayan que dos meses adicionales de plazo no garantizarían la continuidad de explotación.

Así lo ha calculado Yvan Ancka, gerente de campo de Frontera, quien señala que lo “ideal” sería ampliar el contrato por lo menos un año, tiempo que podría demorar la consulta previa.

Dicha ampliación de tiempo también serviría para que el lote cuente con los insumos necesarios que se usan para el procesamiento del crudo, los cuales –en algunos casos– demoran entre 3 y 4 meses en llegar vía fluvial.

“El 2 de marzo vence el contrato, es decir, al día siguiente Frontera no podría dejar ni un vigilante en el lote porque ya es de propiedad de Petroperú”, dice Ancka.

Agrega que “el tema de la ampliación (del contrato) contiene varios temas: el lote requiere de insumos que son importados y la logística fluvial toma 4 meses. Entonces, en teoría, el Estado debió comunicarnos su decisión de ampliar el contrato el pasado 2 de diciembre y, en el peor de los casos, tener una decisión en enero y así adquirir los insumos con anticipación”, señala.

A Frontera también le preocuparía la conservación del empleo: hoy son cerca de 3.000 personas trabajando de forma directa (sin contar a las empresas subcontratistas), de las cuales casi el 35% son de la zona mientras que el resto vienen de otros lugares del país y son quienes generan el tráfico para que dos aerolíneas lleguen hasta dicho campamento. No hay otra forma rápida de salir de Andoas. En río serían 12 horas.

“Queremos que siga la operación”, cuenta una mujer de Nuevo Jardín, quien dice haberse atendido en las salas de salud de la empresa, pues la población no cuenta con hospital en el lugar y el pequeño centro de salud no se da abasto. Por eso, “cuando las comunidades reclaman, cierran las vías y no nos permiten el libre tránsito, es la forma de llamar la atención del gobierno”, afirma Nelson Delgado, gerente de planta.

La consulta previa

A la fecha existirían 50 empresas interesadas en operar el lote junto con Petroperú, entre ellas Frontera Energy.

Pero la consulta previa sigue siendo fundamental para que el nuevo operador ingrese a la zona. Este procedimiento podría demorar hasta cuatro meses ante las demandas de los pobladores. Entre ellos, el acceso a energía eléctrica, diésel, programas sociales, salud, empleo, mayor porcentaje de fondo social y regalías.

Sobre los pasivos ambientales, Energy señala que es el gobierno quien debe asumir la remediación, pues “son pasivos dejados por antiguos operadores”.