La imagen de Pedro Castillo con chaleco antibalas diciendo “vamos a sacar a las Fuerzas Armadas” sería cómica si no fuese una cruel burla a las víctimas del delito cotidiano. En octubre pasado los inolvidables ministros Barranzuela y Ayala firmaron una resolución suprema autorizándolo por 30 días, pero pasó todo el mes, nada se hizo y se olvidó el asunto. El 14 de enero la retoma Guillén y recién el 2 de febrero se aprueba. La semana pasada el ministro del Interior dijo que ya patrullaban zonas críticas; al preguntársele ¿cuáles?, respondió: no podemos decirle, porque sería ayudar a la delincuencia. O sea un patrullaje disuasivo invisible. Hasta ahora, no he leído, oído o visto en ningún medio de comunicación que ello se está produciendo y va casi la mitad de los 45 días. ¿Saldrán? Dicho lo cual, estoy totalmente en contra de poner a las Fuerzas Armadas en seguridad porque no va a servir de nada, porque los estados de excepción no solucionan problemas permanentes, por los riesgos de violaciones a los derechos humanos y porque, una vez más, se vende agua arracimada como solución a nuestros problemas.
Desde hace siglos atrás los pensadores Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jaques Rousseau señalaban como uno de los fundamentos por el cual nace el Estado es brindar seguridad a sus habitantes dentro de su territorio. En efecto, la situación actual de inseguridad ciudadana es insostenible y afecta a todos los ciudadanos, en especial a los más pobres. Pues lo poco que obtienen con su trabajo y esfuerzo es arrancado por los delincuentes al regresar a casa. En consecuencia, una situación excepcional requiere una respuesta excepcional, como la de sacar de forma momentánea a las Fuerzas Armadas a las calles, pues sí disuadirá a la delincuencia. Según la Real Academia Española, “disuadir” es inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un propósito. Creo que las Fuerzas Armadas, tal como hicieron durante la pandemia, están preparadas para mantener el orden, respetando, claro está, estrictamente los estándares internacionales de derechos humanos. Todo tiempo político tiene sus propios retos, toda obra política, toda obra humana es siempre una tarea inacabada y la seguridad ciudadana no puede esperar más.
Sacar a las Fuerzas Armadas a la calle equivale a una inyección de seguridad a la vena. La lógica es simple. Más vigilancia en las calles, menos oportunidades delictivas. Suena fácil, pero no siempre lo es. Veamos. 1) ¿Es una solución permanente? No. Tiene fecha de expiración obligatoria, lo que debería obligarnos a pensar en lo central, en cómo reformar la policía para que sea eficiente, efectiva, confiable y transparente, y cómo mejorar las competencias de los gobiernos locales en seguridad ciudadana. 2) ¿Cuál es la estrategia de graduación? No suele haber en estos casos. Hay que pensar en qué pasará cuando pase el efecto de la “inyección” de seguridad y ya no tengamos a los militares en las calles. Ese bajón no lo podrá cubrir la policía, pero sí lo aprovecharán los delincuentes. 3) ¿Hay otras alternativas? Por supuesto. Hay programas de prevención del delito con evidencia de resultados en corto plazo (alcohol, drogas, puntos calientes, inteligencia, espacios públicos vivos). En breve, la medida puede tener resultados en el cortísimo plazo, pero no altera las condiciones estructurales que hacen que 1 de cada 4 peruanos es víctima de la delincuencia.