Basombrío sobre Senmache: “Merece la censura, es un caso grave de fuga”

Luego de recibir información del paradero del exministro de Transportes y Comunicas Juan Silva, la Policía Nacional del Perú (PNP) allanó un domicilio en Carabayllo, donde habría sido visto el exfuncionario, quien fugó el último 7 de junio.

De acuerdo al ministro del Interior, Dimitri Senmache, la PNP recibió la orden de videovigilancia hacia Juan Silva el pasado 27 de mayo. Sin embargo, aclaró que lo solicitado por el Ministerio Público no incluía una orden de seguimiento al extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Ante las discrepancias entre la PNP y el Ministerio Público, Carlos Basombrío resaltó la respuesta del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien ha aclarado que, desde el 27 de mayo, la institución que dirige solicitó que se efectúe una videovigilancia y reporte de desplazamientos. Para cumplir la última disposición -explicó el exministro-, era necesario moverse junto a Silva Villegas.

Asimismo, el sucesor de Zoraida Ávalos pidió a la Policía reportes de actividades y de reuniones. “El fiscal quería evitar que hayan complicidades que permitan su fuga”, manifestó.

Basombrío alegó que es incomprensible que los efectivos policiales, que acudieron hasta Carabayllo, cometieran el error de ingresar a otra vivienda porque bastaba que el informante mandara la presunta ubicación de Juan Silva mediante cualquier tipo de aplicativo.

Ante ello, consideró que el Congreso de la República debería censurar al titular del Ministerio del Interior, ya que “es el caso más grave de fuga de un funcionario. Ha tenido una conducta errática, irresponsable, ha tratado de defender lo indefendible (...) Merece la censura, es un caso grave de fuga”, sustentó.

El informe Cavero

Este viernes 17 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) votará sobre el informe del congresista Alejandro Cavero que busca blindar al expresidente de facto Manuel Merino por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, durante las marchas del 14 de noviembre del 2020.

Según las conclusiones del informe final de la denuncia constitucional N.º 132, “no existe evidencia que demuestre que las órdenes impartidas a los efectos de la PNP hayan sido de actuar con una fuerza excesiva ni de reprimir a los manifestantes de manera desproporcionada”. Cavero también sostiene que “no se ha encontrado medio probatorio alguno que vincule a los imputados a un proceder indebido por parte de los efectivos policiales durante las manifestaciones”.

Basombrío indicó que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “se hace lo que se quiere” y trabaja de acuerdo al momento político. “Los votos son políticos, pero no en el sentido positivo de la palabra, sino en el mal uso de la política para venganzas y blindajes”, concluyó.