Más de 600 distritos de 16 regiones son declarados en emergencia por déficit hídrico

El Gobierno declaró el estado de emergencia en más de 600 distritos de 16 regiones del país ante el peligro inminente de déficit hídrico previsto para el periodo de lluvias 2026-2027. La medida, que tendrá un periodo de vigencia de 60 días calendario, abarca zonas de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La disposición fue adoptada considerando diversos informes de entidades públicas que advierten sobre la alta probabilidad de déficit hídrico debido a las señales de disminución progresiva de caudales, la reducción sostenida de volúmenes almacenados en embalses, así como el desarrollo del fenómeno El Niño en el Pacífico ecuatorial central.

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Acciones y responsabilidades

Según el Decreto Supremo N° 116-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, esta decisión permitirá la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

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La norma precisa que serán los gobiernos regionales y locales los encargados de gestionar la implementación de estas acciones, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Asimismo, participarán representantes de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de las carteras de Producción, Desarrollo e Inclusión Social, Interior, Defensa y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

Financiamiento de la emergencia

De acuerdo con la norma, la implementación de las acciones previstas se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

El decreto supremo es firmado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y los ministros de Estado involucrados en la materia.